El Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, del Partido Popular, ha salido en defensa de sus decisiones sobre la eliminación del carril bici en la Avenida de Portugal, financiado con fondos europeos, frente a las críticas de la oposición municipal compuesta por PSOE, Vox, Podemos-IU y Partido Riojano.

En un pleno extraordinario se debatió la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de rechazar la modificación del proyecto que afectaba al eje ciclista este-oeste, la remodelación de la calle Sagasta y la conexión ciclista y peatonal de la zona industrial a través del puente de la A-13.

La concejala socialista Eva Loza ha calificado la situación como grave, culpando al PP de irresponsabilidad en la gestión de fondos UE y de poner en peligro la estabilidad económica del Ayuntamiento. Se ha referido a un posible cálculo de devolución de 20 millones de euros.

Por su parte, el concejal de Administraciones Públicas, Francisco Iglesias, ha acusado al PSOE de seguir ciegamente al Ministerio y de dejar en mal lugar a los funcionarios municipales. Ha defendido la actuación del Gobierno municipal, explicando cómo se llegó a la eliminación del carril bici y argumentando que la Ley de subvenciones permite los cambios solicitados.

En el turno de los grupos de la oposición, Podemos-IU, Partido Riojano y Vox han criticado duramente al alcalde Conrado Escobar por su gestión y decisiones en torno a la movilidad en la ciudad. Han cuestionado la falta de alternativas y la posible devolución de fondos si no se cumplen las normativas europeas.

El portavoz del PSOE, Luis Alonso, ha acusado al Gobierno del PP de carecer de un plan claro de movilidad sostenible y de provocar retrocesos en este ámbito. Ha instado a tomar decisiones correctas y ha pedido la construcción del carril bici.

Finalmente, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Sáina, ha defendido el cambio en el modelo de movilidad impulsado por su partido tras las elecciones. Ha asegurado que están siguiendo las directrices marcadas por las urnas y ha criticado la resolución del Ministerio, atribuyéndola al ministro de Transportes incompetente del gobierno de Pedro Sánchez.