LOGROÑO, 18 de noviembre.

La organización Ecologistas en Acción ha expresado su desacuerdo con la reciente decisión judicial que desestima las medidas cautelares y autoriza de hecho la caza del lobo en la región. En un comunicado, la asociación recordó que, junto al Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, habían presentado un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en julio, cuestionando la inclusión del lobo como especie cinegética en la Orden de Vedas para la temporada 2025-2026, a pesar de su estado de conservación desfavorable según el último censo nacional.

En el recurso, las organizaciones solicitaban la suspensión temporal de las disposiciones que permitían la caza de esta especie, argumentando que dicha actividad podría empeorar su ya comprometido estado de conservación.

La sala del tribunal se tomó un tiempo considerable, cuatro meses, para llegar a una resolución que, según la misma, señala que aunque se permita la caza del lobo, no podrá llevarse a cabo hasta que se publicasen los planes técnicos pertinentes. Subrayaron que no estaba demostrado que la vigencia de la normativa causara un daño irreversible a la especie.

Frente a esta situación, Ecologistas en Acción ha manifestado su rotundo desacuerdo con el fallo, sugiriendo que, independientemente de la necesidad de planes técnicos, la decisión abre la puerta a la caza del animal sin esperar a que el recurso se resuelva definitivamente.

La preocupación de los ecologistas es clara: si se inician las cacerías y posteriormente se demuestra la ilegalidad de la caza del lobo, el daño causado será irreversible, ya que los ejemplares muertos no pueden ser recuperados.

Este tipo de medidas cautelares se implementan precisamente para prevenir daños más graves. La falta de aceptación de estas medidas podría socavar el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una biodiversidad adecuadamente conservada.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja se distancia así de la postura adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que en casos similares había aceptado medidas cautelares en defensa del estado de conservación del lobo, destacando el principio de precaución ante la muerte irreversible de estos ejemplares.

Desde el Fondo Lobo y Ecologistas en Acción se muestra pesar por la decisión de la sala y su aparente desinterés por las resoluciones previas de Galicia y la normativa de la Unión Europea, que penaliza la consideración del lobo como especie cazable en condiciones de conservación desfavorable.

Jaime Doreste, abogado de los recurrentes, ha criticado la falta de reconocimiento del tribunal hacia el perjuicio que la caza podría causar a la especie, a pesar de la evidencia científica presentada. Los defensores del lobo confían en que la decisión final del caso honre el marco legal de protección de la biodiversidad vigente.

Sara González Merinero, otra de las abogadas involucradas, apuntó que la legislación que desprotegió al lobo en el país está siendo cuestionada ante el Tribunal Constitucional, lo que hace poco prudente permitir su caza antes de que se pronuncie este tribunal.

Por otro lado, los ecologistas han subrayado un hecho inquietante relacionado con la consejera de Agricultura de La Rioja, Noemí Manzanos, quien anunció la vigencia de la normativa de caza tras una reunión con sindicatos agrarios, justo antes de que se diera a conocer el auto del tribunal. Esto lleva a la ONG a preguntarse sobre la posibilidad de que hubiera información privilegiada previa al anuncio.

En conclusión, Ecologistas en Acción y el Fondo Lobo lamentan que esta decisión judicial no solo amenaza la supervivencia de los lobos, sino que también podría poner en peligro un modelo de conservación que muchos ciudadanos y ganaderos apoyan. Aseguran que seguirán luchando legalmente, considerando esta decisión un obstáculo, pero no el final de su batalla.