LOGROÑO, 27 de noviembre. Las entidades conservacionistas 'Fondo para la Protección del Lobo Ibérico' y 'Ecologistas en Acción de La Rioja' han manifestado su intención de iniciar acciones legales con el fin de "revocar esta autorización" concedida para la caza del lobo en la región y responsabilizar a quienes estén involucrados en la muerte de estos animales.

Las organizaciones han señalado que el Gobierno de La Rioja, bajo la dirección de su Consejera de Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha dado luz verde de manera rápida y poco transparente a la caza de hasta seis lobos en la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda.

Esta modificación del Plan Técnico, aprobada el 21 de noviembre de 2025, se ha llevado a cabo sin seguir los procesos establecidos y carece de la transparencia y la participación pública requeridas, lo que infringe la legislación administrativa vigente.

Además, enfatizan que se ignoran las normativas europeas, que aunque han reclasificado al lobo, requieren que se elabore un plan de gestión a nivel regional que asegure un estado de conservación favorable antes de permitir cualquier tipo de caza. Un plan de este calibre no se encuentra disponible en La Rioja.

El colectivo ha puesto de relieve que el único documento vigente es el Decreto 12/2023, de 5 de abril, que establece el Plan de Gestión del lobo en La Rioja y su coexistencia con la ganadería extensiva, el cual prohíbe la caza de esta especie en la región.

El portavoz de Ecologistas en Acción de La Rioja, Pedro Nájera, ha cuestionado la validez de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que indicaba que la eliminación de la suspensión cautelar no permitía cazar en la actualidad, pidiendo aclaraciones sobre la publicación del plan técnico mencionado en el auto, que, según él, no aparece en el Boletín Oficial de La Rioja.

Ante esta problemática, el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción han reiterado que la caza de lobos en La Rioja "es ilegal" y que emprenderán todas las acciones legales necesarias para anular esta reciente modificación del Plan Técnico de la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda y determinar las responsabilidades pertinentes.

La abogada del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, Sara González Merinero, ha criticado fuertemente el proceder del gobierno, afirmando que "actuar de manera apresurada y en contra de la ley para luego intentar justificar las acciones es un grave atropello. Esta decisión, tomada sin el consentimiento de la ciudadanía y carente de un sustento técnico y legal, es un claro indicio de gestión arbitraria e ilegítima. No descansaremos hasta lograr su anulación".