LOGROÑO, 14 de enero.

Hoy, el Ejecutivo de La Rioja ha expresado su enérgico rechazo a la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha llevado a cabo en Madrid. La postura del Gobierno se basa en que esta propuesta impuesta por el Ministerio de Hacienda castiga de manera injusta a la comunidad autónoma, como señalan los análisis realizados por expertos y los datos presentados durante la reunión.

Alfonso Domínguez, consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, ha denunciado que esta iniciativa carece de un diálogo efectivo con las comunidades y se presenta como un trato humillante para La Rioja, que quedaría como la peor tratada en la distribución de nuevos fondos. Por ello, hizo un llamado al Gobierno central para que se elabore un nuevo documento en el CPFF que tome en cuenta las necesidades de todos los territorios, además de instar a asumir la carga económica de financiación del 50% del sistema de dependencia, una medida que considera razonable y sencilla de implementar.

Desde el Gobierno regional, se sostiene que la propuesta actual "no tiene viabilidad", pues se origina de un acuerdo entre el partido independentista catalán (ERC), que presiona únicamente por un aumento de 5.000 millones para Cataluña, relegando a La Rioja a una posición de desventaja.

Domínguez subrayó que cualquier cambio en el modelo de financiación debe surgir de un proceso de diálogo genuino con las comunidades autónomas y no puede imponerse sin tener en cuenta sus particularidades. Además, advirtió que romper el principio de solidaridad interterritorial a través de una normativa que favorezca a Cataluña es un ataque a la igualdad entre todos los territorios.

Por esta razón, el consejero comentó que el documento llega al CPFF "sin vida", ya que se trata del único foro legítimo para discutir y acordar temas de tal relevancia. Asimismo, enfatizó que La Rioja se vería perjudicada por este modelo, ya que, en lugar de recibir una mejora de 25 millones de euros como se había prometido, se estima que sufriría una pérdida de 46 millones, lo cual resulta inaceptable.

El sistema propuesto, según la intervención del consejero, ignora factores significativos como la despoblación, que ha sido un punto recurrente en las solicitudes de La Rioja, así como el envejecimiento de la población. Tampoco considera que la región es la única comunidad autónoma de régimen común que colinda con territorios forales, lo que añade una capa de complejidad a la situación financiera.

Domínguez advirtió que solo aquellos que no valoran a La Rioja y que anteponen intereses partidistas podrían aceptar tal agravio y considerar normal que la comunidad permanezca en la última posición en comparación con el resto de España. Esta aceptación sería un gravísimo error que no se puede justificar.

Además, criticó que la propuesta socava la igualdad entre las comunidades y va en contra de los principios de solidaridad y redistribución que son pilares del Estado social y democrático. Resaltó que ninguna comunidad, a excepción de Cataluña, ha brindado su apoyo al nuevo modelo, lo que pone de manifiesto la falta de consenso y legitimidad en la elaboración del mismo.

El nuevo criterio de ordinalidad, favorecido por Cataluña y aceptado por el Gobierno central, representa una injusticia que beneficia a dicha región y deja a La Rioja como un territorio que, según reporta un análisis reciente, aportaría más de 80 euros por habitante al sistema de financiación.

Ante esto, La Rioja exige a Hacienda la retirada de la propuesta y el desarrollo de un modelo financiero acordado mediante un proceso de negociación que incluya a todas las comunidades autónomas y que sea transparente.

Mientras se busca un acuerdo alternativo, el Gobierno riojano propone una solución pragmática: que el Gobierno de España asuma la responsabilidad de financiar el 50% del coste de dependencias, que considera esencial para la financiación autonómica.

Los datos del último presupuesto indican que La Rioja necesitaría una suma adicional de 25,3 millones de euros para cubrir los servicios de dependencia, y se anticipa un aumento en este monto en los próximos años debido a la apertura de nuevos centros y el incremento de plazas disponibles.

La propuesta de La Rioja también incluye la urgentemente requerida cofinanciación del servicio de educación de 0 a 3 años, que cada vez más comunidades autónomas están comenzando a ofrecer. Este servicio, que beneficia a miles de familias en La Rioja, tendría un costo estimado de 10 millones de euros, incrementando así la educación infantil.

Ambas iniciativas suponen una financiación adicional que podría ascender a 35 millones de euros para 2026, con incrementos en el futuro, a medida que se ajuste el coste de los servicios. Para concluir, Domínguez reiteró que cualquier reforma en el SFA debe garantizar recursos suficientes para los servicios públicos esenciales y crear un sistema equitativo que refleje las necesidades de todos los territorios mediante un proceso de negociación auténtico.