CALAHORRA (LA RIOJA), 18 de noviembre.

El Ayuntamiento de Calahorra ha decidido revisar su normativa local con el objetivo de frenar y gestionar la inmigración irregular. Esta medida responde a las instrucciones impuestas por el Gobierno central desde 2020, las cuales han sido calificadas por la alcaldesa Mónica Arcéiz de "inaceptables".

Según estas directrices, el proceso de empadronamiento se reduce a verificar la identidad del solicitante, sin tener en cuenta su estatus legal en el país. Esto implica que el Ayuntamiento no tiene la obligación de validar la legalidad de la residencia de sus vecinos, lo que ha generado una preocupación creciente dentro del Equipo de Gobierno Municipal.

La alcaldesa ha destacado un aumento significativo en el número de empadronamientos de extranjeros en los últimos meses, lo que resulta en un desvío de recursos destinados a ayudas sociales para los ciudadanos españoles. Estos trámites simplificados permiten que los inmigrantes en situación irregular accedan a beneficios sociales sin un control adecuado.

Presentando datos concretos, Arceiz ha señalado que en enero de 2025 había en la ciudad 5.036 inmigrantes empadronados, cifra que llegó a 6.798 en junio. Esto supone un incremento de 1.762 personas en un corto periodo, sin que haya aumentos correspondientes en la oferta laboral.

A pesar de sus reservas, Arceiz enfatiza el enfoque acogedor de Calahorra, subrayando que la ciudad siempre estará abierta a recibir a inmigrantes, pero defendiendo firmemente que no se debe permitir la explotación de esta solidaridad por parte de quienes abusan del sistema.

Actualmente, el padrón de Calahorra cuenta con 25.775 habitantes. De ellos, 2.242 poseen un DNI español, pero no nacieron en el país, mientras que 18.253 son ciudadanos nacidos en España. La alcaldesa ha resaltado que muchos españoles están perdiendo acceso a beneficios debido a la llegada de extranjeros en situación irregular, lo que representa una carga adicional para la ciudad y sus recursos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha establecido nuevas condiciones para el empadronamiento, que entraron en vigor hace tres semanas. Ahora, se exige que los solicitantes presenten su documentación antes de ser empadronados, y no se aceptan contratos de alquiler en efectivo a menos que se demuestre el pago mediante transferencias bancarias.

Además, se implementarán controles más estrictos para evitar el fraude en la solicitud de ayudas sociales, incrementando el periodo mínimo de empadronamiento de seis meses a dos años, en un intento por asegurar que las personas que realmente necesiten apoyo sean las que lo reciban.

La alcaldesa también ha expresado su preocupación por la creciente "nueva pobreza", un fenómeno que afecta a muchas personas trabajadoras que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Esto se debe a la precariedad laboral que, según un informe de Cáritas, afecta a aproximadamente el 47,5% de la población activa.

En respuesta a esta crisis, el equipo de Arceiz está desarrollando un plan de subvenciones para abordar esta nueva realidad social, reconociendo que la pobreza ya no es exclusiva de quienes están desempleados, sino que también alcanza a aquellos que, a pesar de trabajar, no logran salir adelante.