LOGROÑO, 29 de octubre.

El Ayuntamiento de Calahorra ha decidido llevar un caso a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, denunciando a Jesús María García García por lo que podría constituir un "delito de revelación de secretos". La acción legal se originó el 27 de octubre tras una publicación controvertida en su blog 'Como Puños.2'.

En su entrada del 12 de octubre, García compartió una imagen que contiene parte de una resolución de la alcaldía, un documento al que solo pueden acceder los concejales de la corporación municipal en virtud de su función pública. Este material fue enviado por correo electrónico junto con otros documentos relacionados con la convocatoria del pleno ordinario de septiembre, según ha explicado el Consistorio.

Las autoridades locales han afirmado que esta publicación constituye una prueba clara de que alguien ajeno al Ayuntamiento ha conseguido acceder a un documento municipal de manera ilegítima. Ante esta situación, la alcaldía llevó a cabo una investigación interna para determinar si algún concejal había incurrido en un uso indebido de la información, específicamente preguntando si alguno había facilitado dicho documento a García. Los concejales de las formaciones políticas Partido Popular, Vox e Izquierda Unida contestaron de manera negativa, mientras que los representantes del Partido Socialista no han dado respuesta alguna hasta el momento.

La gravedad de la situación se ve intensificada por el hecho de que Jesús María García, además de ser un funcionario público, es actualmente diputado regional y Vicepresidente 2º de la Mesa del Parlamento de La Rioja. Este rol le obliga a conocer y respetar la normativa de confidencialidad que deben observar todos los representantes públicos en el desempeño de sus funciones.

Ante estas circunstancias, el Ayuntamiento de Calahorra ha solicitado a la Fiscalía que investigue no solo a Jesús María García por la difusión de la información, sino también cómo esta obtuvo dicho material, indagando si otras personas podrían haber estado involucradas en este posible delito de revelación de secretos. Las administraciones, y en este caso el Ayuntamiento, tienen la responsabilidad de salvaguardar los documentos oficiales y los derechos de los ciudadanos, han afirmado desde el Consistorio.