En una decisión controvertida, el Juzgado de lo Penal número 3 de Logroño ha emitido una condena de 2 años de prisión para un agricultor acusado de atacar con su vehículo a dos agentes de la Policía Local de Logroño durante las protestas de la tractorada. Además, se le han impuesto multas por un total de 480 euros por lesiones leves y se le ha ordenado pagar 2.010 euros en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos, según la sentencia, ocurrieron cuando el agricultor, lejos de atender las indicaciones de los agentes para detener el vehículo, embistió a los policías a una velocidad peligrosa, obligándolos a apartarse para evitar ser atropellados. El juez afirmó que este comportamiento constituye un ataque a la autoridad y una interferencia grave en el orden público.

A pesar de la petición de la Fiscalía de 3 años de cárcel, el juez decidió rebajar la condena a 2 años de prisión al considerar la actitud del acusado antes del juicio. Este habría pagado la cantidad de responsabilidad civil solicitada y se disculpó sinceramente con las víctimas, mostrando arrepentimiento por sus acciones.

La sentencia se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la importancia de reconocer y reparar los daños causados. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación municipal mostraron su desacuerdo con la decisión del juez durante el juicio, argumentando que se debía mantener la condena original de 3 años por el delito de atentado con vehículo a motor.

El juez también tuvo en cuenta el contexto de las protestas agrícolas y ganaderas que se estaban llevando a cabo en Logroño, enfatizando la difícil situación que atraviesa el sector y la presión a la que estaba sometido el acusado. A pesar de esto, la sentencia confirma los hechos ocurridos el 6 de febrero, cuando el acusado puso en peligro la vida de los agentes con su vehículo.

La defensa podrá solicitar la suspensión de la pena en etapas posteriores del procedimiento, sujeto a la aprobación del Juzgado y tras una audiencia con las partes involucradas. La sentencia no es definitiva y puede ser apelada ante la Audiencia Provincial.