Logroño, 14 de febrero. La administración de justicia se prepara para juzgar a A.M.R., el responsable de la mercantil 'Borokai Amenri, S.L.', quien enfrenta serias acusaciones de explotación laboral. El fiscal ha solicitado una condena de tres años y tres meses de prisión, junto con una multa de 2.700 euros, tras descubrirse que 16 mujeres trabajaban en condiciones irregulares en el club de alterne conocido como 'Los Tres Marqueses', ubicado en Recajo, La Rioja.

El juicio está programado para el 17 de febrero a las 09:30 horas en la Audiencia Provincial. Según documentos obtenidos por Europa Press, el acusado no tenía antecedentes penales hasta mayo de 2023, aunque posteriormente fue sentenciado a seis meses de cárcel por imponer condiciones laborales ilegales.

Los hechos que se presentan ante el tribunal surgieron durante una inspección realizada en 'Los Tres Marqueses' el 11 de mayo de 2023, donde personal de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, junto con la Guardia Civil, constató la situación de las trabajadoras. Las autoridades confirmaron que 16 mujeres estaban ejerciendo su labor para 'Borokai Amenri, S.L.' sin estar registradas en la Seguridad Social, y de ellas, nueve no poseían los permisos necesarios para residir y trabajar en el país.

Las actividades de estas mujeres cumplen con las características de una relación laboral conforme al artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Se constató que estaban obligadas a trabajar en horarios que iban desde las 18:00 hasta las 04:00 horas, dependiendo de cada día, brindando servicios de acompañamiento y conversación mientras los clientes consumían en el bar del establecimiento.

El modelo de compensación era igualmente controvertido: el bar se quedaba con la mitad del coste de cada copa servida, mientras que las trabajadoras recibían la otra mitad directamente del camarero al momento del pago. Al momento de la inspección, la empresa contaba únicamente con nueve empleados debidamente registrados en la Seguridad Social, lo que significa que más del 50% de su plantilla de 25 personas trabajaba sin la debida formalización.

El fiscal argumenta que estas acciones constituyen dos delitos contra los derechos de los trabajadores. Por uno de los delitos se solicita una pena de dos años y medio de prisión, además de la multa ya mencionada, y por el otro, una pena adicional de nueve meses. Este caso pone de relieve las preocupantes condiciones laborales que enfrentan muchas trabajadoras en el sector de la hostelería, resaltando la necesidad de una regulación más estricta y una mejor protección de los derechos de los trabajadores.