LOGROÑO, 19 de febrero.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Logroño ha lanzado críticas contundentes contra el gobierno municipal, afirmando que ha fallado al atender las necesidades de grupos vulnerables, que incluyen a personas con discapacidad, familias numerosas y monoparentales, así como a víctimas de violencia de género, en la asignación de viviendas de protección oficial en la localidad.

El concejal Iván Reinares, durante una conferencia de prensa, destacó que este no es un problema nuevo, ya que desde semanas anteriores el PSOE ha estado alzando la voz sobre irregularidades en la administración de las viviendas protegidas, que ha resultado en un ambiente de “caos administrativo” y falta de transparencia en el proceso de adjudicación.

Reinares describió la situación como una "ley de la selva" donde predomina un sistema caótico de asignación basado en el orden de llegada o sorteos privados organizados por las promotoras. Este desorden, según el edil, no solo tiene un impacto administrativo, sino que afecta de manera directa la vida de las personas más necesitadas.

El concejal subrayó que el sistema actual está violando derechos fundamentales de los colectivos vulnerables, destacando que "los derechos no son un regalo; son un mandato". Hizo referencia a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que estipula el requerimiento de reservar un mínimo del 4% de las viviendas adaptadas en cada promoción de vivienda protegida para personas con movilidad reducida, así como a la normativa de accesibilidad universal de La Rioja.

Asimismo, instó a la concejala a proporcionar información pública sobre la existencia de esta reserva del 4% y si los afectados están debidamente informados de que hay viviendas reservadas para ellos. También cuestionó si se garantizará que esas viviendas se adjudicarán a quienes realmente las necesiten, aplicando criterios de igualdad.

De acuerdo con Reinares, el actual sistema implementado por las promotoras se basa en listas privadas y diferentes criterios, lo que significa que las personas más rápidas o con mejores conexiones tienen más posibilidades de obtener una vivienda, dejando en un segundo plano a aquellos con discapacidad, que dependen del cumplimiento de la ley.

El concejal enfatizó que, si no hay un sorteo específico para asegurar este cupo, la reserva del 4% podría perderse. Además, destacó la normativa regional que regula la asignación de viviendas, que especifica que si las viviendas reservadas no se asignan a personas con discapacidad, no pueden ser automáticamente transferidas al cupo general.

En un segundo punto, Reinares lamentó la falta de atención hacia las víctimas de violencia de género, destacando que la normativa regional establece que deben tener acceso preferente a viviendas protegidas, lo que implica que se les debe dar prioridad en el proceso de adjudicación. Se interrogó también sobre si se ha comunicado a estas personas sobre su condición de preferencia en el acceso a la vivienda y si el Ayuntamiento se ha asegurado de que esta normativa se cumpla.

El concejal también expresó su preocupación por la situación de las familias numerosas, subrayando que la lógica indica que las viviendas más grandes deberían destinarse a aquellos con mayor necesidad de espacio. Sin embargo, el uso de listas privadas sin criterios claros permite que una persona soltera obtenga un piso destinado a familias numerosas simplemente por haber llegado antes al lugar.

Reinares hizo hincapié en que las víctimas del terrorismo y las familias monoparentales también están siendo tratadas de manera despersonalizada en este proceso, reducidas a un simple número en listas de asignación.

En respuesta a estas preocupaciones, el concejal pidió al equipo de gobierno que se asegure de cumplir con las normativas pertinentes y proteja así los derechos de estas personas vulnerables.

Además, advirtió que si se espera hasta el final del proceso para utilizar el registro, es probable que las viviendas adaptadas ya hayan sido adjudicadas a otros, dejando a las víctimas de violencia de género y otros grupos vulnerables fuera del sistema, lo que podría llevar a denegaciones de visados sin precedentes.

Reinares fue contundente al señalar que la responsabilidad de esta situación recae sobre el Ayuntamiento, que ha permitido una falta de regulación en el pliego de adjudicación, considerando que esto compromete también al Gobierno de La Rioja, encargado de asegurar el cumplimiento de las normativas.

Por último, el concejal concluyó reclamando que en el proceso de licitación actual se garanticen los derechos de acceso y preferencia de quienes por ley les corresponde. Destacó la necesidad de realizar un sorteo público único, gestionado desde lo público, para asegurar que los cupos necesarios para discapacidad, violencia de género y familias numerosas se respeten, afirmando que cumplir con la ley no es una opción, sino una obligación que debe ser cumplida.