Osés subraya el aumento de vivienda pública y su compromiso con la seguridad de propietarios e inquilinos.
LOGROÑO, 26 de marzo. El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha Contra la Despoblación de La Rioja, Daniel Osés, ha afirmado que su departamento ha tomado medidas para aumentar el parque de viviendas públicas. En el ámbito del alquiler, ha señalado que están trabajando para brindar "tranquilidad" a propietarios e inquilinos, garantizando un marco de seguridad legal que prevenga conflictos en los contratos.
Osés realizó estas declaraciones en respuesta a una interpelación de la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Henar Moreno, quien planteó cuestiones sobre la situación de la vivienda en la región. El consejero admitió que, si bien los precios de la vivienda en La Rioja han experimentado un aumento, su administración está activa en la búsqueda de soluciones para mitigar el impacto de esta tendencia.
El consejero destacó que el coste del metro cuadrado en La Rioja se sitúa por debajo de la media nacional, señalando que es un 46% más bajo en el ámbito de compra y un 41% en el de alquiler. Sin embargo, advirtió que a nivel estatal, España carece actualmente de un plan de vivienda efectivo desde que finalizara el anterior en 2025. Osés expresó su disposición a trabajar con el Gobierno de España para alcanzar un acuerdo que permita el desarrollo de un nuevo plan.
Mencionó que la respuesta del gobierno central ha sido insatisfactoria, llegando tarde y de forma poco efectiva, con un programa que no cuenta con el consenso necesario con las comunidades autónomas. Osés subrayó la falta de avances en los planes que deberían estar en vigor hasta 2030.
Por otra parte, resaltó que en los tres presupuestos presentados por el Gobierno del Partido Popular se han destinado 74,6 millones de euros a la vivienda, un incremento respecto a los 42,5 millones del anterior gobierno. En el ámbito del alquiler, se han concedido más de 3.500 ayudas durante la legislatura, totalizando 35,3 millones de euros.
El consejero también enfatizó las iniciativas para fortalecer el carácter social del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI) y presentó el Plan 'Revive', que cuenta con un compromiso de 12 millones de euros, habiendo autorizado ya 13,1 millones de euros en menos de dos años, superando así las expectativas iniciales.
En contraste, Moreno argumentó que la vivienda se ha vuelto un bien especulativo en lugar de ser un derecho, lo que dificulta el acceso a un hogar. Citó una encuesta del CIS que revela que el problema de la vivienda es la principal preocupación política de los españoles, incluyendo a los riojanos.
Moreno insistió en que este asunto es prioritario y que la realidad actual impide que los jóvenes puedan acceder a viviendas de forma independiente, viéndose obligados a compartir espacios o a optar por opciones precarias, como el alquiler de habitaciones. Aseguró que el acceso a una vivienda es fundamental para el ejercicio de muchos otros derechos, como la emancipación y el empleo.
En una intervención posterior, Moreno expuso que la ciudadanía ya siente la presión de una crisis habitacional, subrayando que muchas personas en riesgo de desalojo no se deben a impagos, sino a la codicia de propietarios que priorizan el máximo beneficio económico.
Subrayó que para garantizar que la vivienda sea un derecho real es imprescindible implementar una moratoria que frene el aumento de precios en alquileres y ventas, criticando la negativa del gobierno regional a declarar zonas tensionadas que permitan intervenir en el mercado para proteger el derecho a la vivienda frente a intereses privados.
La portavoz de Izquierda Unida mostró preocupación por el aumento de precios en compra de viviendas y la disminución de solicitudes de hipoteca, sugiriendo que los compradores actuales son en su mayoría personas con alta capacidad económica que buscan inversiones en bienes de especulación.
Finalmente, llamó al Gobierno de La Rioja a ejercer sus competencias en el tema y a dar respuestas que tranquilicen a los riojanos, especialmente a aquellos que se movilizarán próximamente por el derecho a la vivienda, exigiendo políticas que prioricen este derecho fundamental.