Juicio contra red criminal que explotó a mujeres nicaragüenses será postergado hasta 2027.

LOGROÑO, 25 de marzo.

Este miércoles estaba programado un juicio contra siete personas implicadas en una supuesta red criminal que operaba en el tráfico de compatriotas nicaragüenses bajo la promesa de empleo como cuidadoras de ancianos. Sin embargo, el proceso judicial ha sido pospuesto debido a la falta de un acuerdo entre las partes involucradas.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, la suspensión del juicio tiene como objetivo permitir que las negociaciones continúen con la esperanza de alcanzar un acuerdo de conformidad. La próxima audiencia se ha fijado para febrero de 2027.

La Audiencia Provincial de La Rioja iba a juzgar a estos siete acusados, de los cuales cuatro enfrentan cargos de inmigración ilegal, coacciones y pertenencia a grupo criminal, mientras que otros dos también son acusados de blanqueo de capitales. Uno de ellos se enfrenta solamente al cargo de coacciones.

Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, la actividad delictiva se originó a raíz de dos hermanas nicaragüenses, una instalada en Alfaro y otra en Huesca, ambas con estatus legal en España.

Las hermanas pronto percibieron la alta demanda de mano de obra en el sector del cuidado de personas mayores en España, lo que llevó a que muchas mujeres de su pueblo natal buscaran su ayuda para emigrar y mejorar su situación económica.

Así, empezaron a desarrollar un sistema para obtener ganancias a expensas de las compatriotas que deseaban trasladarse a España.

Encargaron a sus familiares en Nicaragua, especialmente a su madre, que actuara como puente entre ellas y las posibles interesadas, prometiendo una gestión integral del viaje y del futuro laboral.

La propuesta era tentadora, ya que incluía la organización del viaje, vuelos, traslados desde el aeropuerto y la promesa de cruzar la frontera española sin dificultades, presentándose como turistas.

Si era necesario, las hermanas ofrecían un préstamo de alrededor de mil euros para aparentar solvencia y asegurar la intención turística, realizando reservas hoteleras que eventualmente no se usaban.

Al llegar a España, las mujeres eran ubicadas en viviendas de Alfaro y Huesca, donde, tras evaluar el mercado laboral, se les buscaba un empleo como trabajadoras del hogar.

Se les informaba que estos servicios tendrían un coste, aunque no se precisaban los montos, y las mujeres, aliviadas por la gestión de los trámites, normalmente accedían sin dudarlo, motivadas por su contexto de necesidad.

Las acusadas eran conscientes de que las compatriotas se encontrarían en una situación de ilegalidad, lo que las dejaba a merced de sus demandas.

Tras su llegada, las acusadas retiraban de forma abrupta el dinero prestado y luego les imponían una deuda que oscilaba entre 5.000 y 6.000 euros por conceptos como gestión, vuelo y alojamiento.

Las víctimas, desorientadas y vulnerables, aceptaban la carga sin protestar, pensando que estaban finalmente en España y que su situación cambiaría pronto.

Para maximizar la deuda, las acusadas inflaban los costos de los boletos aéreos y el alojamiento, así como cualquier otro gasto que pudiera surgir, como sesenta euros por medicamentos.

En la recaudación de estas deudas, ya sea de forma directa o a través de otros cómplices, aplicaban tácticas de presión constante, sabiendo que sus víctimas se hallaban en una situación complicada.

Según el escrito de acusación, la principal responsable identificada es F.D.C., a quien se le imputan los delitos de inmigración ilegal, coacciones, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, con el apoyo de su esposo S.A.C, imputado por los mismos crímenes.

El Ministerio Fiscal solicita para ella una pena de seis años de prisión y una multa de 40.000 euros, mientras que para su esposo pide cinco años y nueve meses y la misma cantidad en multa.

También colaboraron en esta actividad delictiva su sobrina T.D.C. y su hijo O.D.S., quienes enfrentan acusaciones de los mismos delitos y a quienes se les reclama una pena de cuatro años y medio de prisión.

La hermana en Huesca, Z.M.T., participa en los mismos delitos excepto por el blanqueo, y enfrenta una condena de cuatro años y medio, al igual que su esposo F.J.G., que también está acusado por delitos similares.

Una tercera hermana, L.M.T., ligada a las coacciones, enfrenta seis meses de cárcel por su papel en la reclamación de deudas.

La actuación de esta red de "intermediación abusiva" en la entrada ilegal a España se ha llevado a cabo desde al menos 2016 o 2017, generando beneficios económicos "extraordinarios" que no pueden ser justificados por una actividad legal normal.

En un hecho destacado, Z.M.T. fue arrestada en julio de 2019 en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid al regresar de Nicaragua, donde había llevado a tres mujeres de su país.

Las pesquisas revelaron documentación sobre esta operación ilegal, incluyendo un cuaderno encontrado escondido en el alojamiento de F.D.C. que contenía anotaciones sobre las cantidades cobradas a las víctimas.

Este esquema delictivo, que incluye la introducción ilegal de mujeres en España y el cobro de deudas abusivas, ha afectado a un gran número de compatriotas, contando la investigación actual con la colaboración de al menos 26 mujeres que cayeron en esta red.