Crónica La Rioja.

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Investigación de la UR y la UZ analiza el impacto del derecho al olvido y la eliminación de datos.

Investigación de la UR y la UZ analiza el impacto del derecho al olvido y la eliminación de datos.

LOGROÑO, 15 de febrero.

Un reciente estudio llevado a cabo por académicos de la Universidad de La Rioja y la Universidad de Zaragoza subraya la importancia del Derecho al Olvido digital, abordando sus repercusiones legales, éticas y medioambientales.

La publicación del trabajo, titulado 'Las múltiples caras del borrado de datos: acerca del significado y las implicaciones de la eliminación de datos', aparece en la prestigiosa revista ACM Computing Surveys, y es resultado de la colaboración de los investigadores Ignacio Marco-Pérez, Beatriz Pérez Valle, Ángel Luis Rubio y María Antonia Zapata.

Dicho artículo está disponible en el portal de investigación de la Universidad de La Rioja, así como en acceso abierto en la propia revista. ACM Computing Surveys goza de un notable factor de impacto de 28, consolidándose como un referente en el ámbito de la informática, superando ampliamente los índices de impacto considerados razonables para publicaciones científicas.

Este trabajo no solo presenta un análisis terminológico exhaustivo sobre el borrado de datos, sino que también enumera lecciones aprendidas y desafíos pendientes en esta área, destacando la colaboración entre investigadores de estas dos universidades españolas dentro del Campus Iberus y el Grupo 9 de Universidades.

Un punto central de la investigación es la distinción entre "borrado recuperable" y "borrado no recuperable", lo que refleja la complejidad de este asunto. Además, se analizan diversas tecnologías donde el manejo de datos eliminados tiene grandes implicaciones, incluyendo bases de datos temporales, blockchain y aprendizaje automático.

Se observan situaciones en las que sistemas de inteligencia artificial pueden reconstituir datos que se creían borrados, abriendo así la puerta a dilemas éticos y legales que deben ser abordados con seriedad.

La acumulación de datos en nuestros dispositivos es un fenómeno innegable en la actualidad, con información almacenada no solo en ordenadores y servidores, sino también en teléfonos móviles, relojes inteligentes, televisores y vehículos. Esto resalta la necesidad de establecer criterios claros sobre cómo y cuándo se debe proceder con la eliminación de esos datos.

Desde una perspectiva legal, es fundamental considerar el contexto establecido por la Unión Europea en relación al "derecho al olvido", el cual otorga a los ciudadanos la prerrogativa de solicitar la eliminación de sus datos a las empresas que los gestionan.

Frente a esta normativa, las entidades están obligadas a implementar protocolos que aseguren no solo la eliminación de datos, sino también la confirmación de que dicho proceso se ha ejecutado de manera adecuada.

Este requerimiento plantea desafíos tanto para las organizaciones como para sus proveedores de tecnología, quienes deben encontrar un equilibrio entre el derecho al borrado y la necesidad de mantener copias de seguridad, que son esenciales para evitar pérdidas accidentales de información valiosa.

Los dilemas éticos también emergen en situaciones como la muerte de un individuo, donde la existencia de reseñas digitales plantea interrogantes sobre quién se puede encargar de gestionar esos restos digitales, especialmente cuando no se cuenta con una voluntad explícita por parte del fallecido.

Además, es imperativo reflexionar sobre el impacto ecológico de almacenar datos indefinidamente. Con una tasa de crecimiento del almacenamiento de datos que ronda el 27% anual, surge la necesidad de definir qué información es verdaderamente relevante y qué debe ser eliminado de manera estructurada y planificada, para evitar un consumo insostenible de recursos naturales.

Un tema ecológico adicional es la correcta destrucción y reciclaje de dispositivos electrónicos, que resulta crucial para el borrado definitivo de datos. Sin embargo, la gestión de la "chatarra electrónica" es problemática, ya que suele terminar en países en vías de desarrollo, donde su tratamiento implica retos ambientales y sociales complejos.