El PSOE exige aclaraciones sobre las instrucciones en la PAU 2026 en La Rioja
El Grupo Parlamentario Socialista en La Rioja ha presentado varias iniciativas en el Parlamento para exigir al Gobierno regional explicaciones sobre la gestión del examen de Matemáticas II de la PAU 2026. La polémica surge tras las declaraciones del consejero Capellán, quien pidió a los correctores que pensaran en los estudiantes, generando dudas sobre posibles instrucciones o orientación por parte del Ejecutivo.
La Universidad de La Rioja ha aclarado públicamente que mantiene su autonomía y que no recibe instrucciones del Gobierno en asuntos académicos. Sin embargo, la responsabilidad compartida en la organización de la PAU, presidida por el Ejecutivo, complica la situación. La comunidad educativa ha expresado su preocupación por las quejas recibidas y la posible existencia de decisiones no transparentes.
El PSOE busca que el Ejecutivo de La Rioja aclare si activó algún mecanismo institucional, solicitó informes o realizó comunicaciones oficiales en relación con las quejas sobre el examen. Además, requiere conocer qué acciones concretas adoptará para garantizar la corrección justa del proceso, ante las acusaciones de notas injustas y declaraciones ambiguas del consejero.
Las iniciativas parlamentarias también incluyen solicitudes de documentación y datos sobre el volumen de reclamaciones recibidas y las comunicaciones mantenidas con la Universidad. El objetivo es determinar si el Gobierno ha actuado de forma formal o si solo se limitó a emitir declaraciones emocionales sin impacto institucional.
Este episodio refleja la tensión política en torno a la gestión de la educación en La Rioja y la percepción de que las decisiones del Gobierno puedan influir en aspectos clave del sistema universitario y de evaluación. La oposición insiste en la necesidad de transparencia y en que las instituciones actúen dentro del marco legal y autonómico.
El futuro de esta polémica dependerá de las respuestas oficiales que el Ejecutivo ofrezca en los próximos días. La comunidad educativa y los estudiantes aguardan certezas sobre las acciones tomadas y el respeto por la autonomía universitaria, en un contexto donde la confianza en la gestión pública resulta fundamental para garantizar la equidad y la calidad del sistema de educación superior.