LOGROÑO, 10 de enero.

Las autoridades judiciales han decidido tomar medidas contundentes contra un grupo familiar que se ha visto implicado en un serio caso de narcotráfico en la localidad de Varea. El Ministerio Fiscal ha planteado una pena de 36 años de prisión, distribuidos en nueve años para cada uno de los cuatro miembros de esta familia, debido a su participación en actividades ilegales relacionadas con la venta de drogas en 2019. Los acusados utilizaron un hogar familiar como centro de operaciones y también un edificio desocupado para almacenar sustancias prohibidas y armas de fuego.

Los implicados son C. G. A., M. V. M., C. G. M. y L. G. M., de los cuales tres cuentan con antecedentes que incluyen delitos como robo, amenazas y conducción sin licencia.

El informe presentado por la Fiscalía, que ha sido revisado por Europa Press, menciona que los acusados ofrecían heroína y cocaína a varios compradores que se acercaban al barrio, estableciendo un patrón delictivo en la zona.

Las autoridades policiales realizaron una vigilancia exhaustiva del área, documentando al menos nueve interacciones sospechosas entre el 28 de mayo y el 19 de julio de 2019. En una de estas ocasiones, los agentes detectaron a un individuo que salió del domicilio familiar tras breves momentos de permanencia en él, y al ser interceptado, se le confiscó una dosis de heroína.

Adicionalmente, la familia ocupaba un inmueble vacío, heredado tras el fallecimiento de su dueña, que usaban para resguardar los materiales relacionados con el tráfico de drogas. En un registro efectuado posteriormente, se encontraron numerosos paquetes y envoltorios que contenían tanto cocaína como heroína, cuyo valor en el mercado negro se estimó en más de 20.000 euros. Además, las autoridades hallaron un arma de fuego en el lugar.

El informe también reveló que, a pesar de no contar con suministro eléctrico debido a deudas impagas, el hogar tenía electricidad mediante una conexión ilegal a la red, lo que implicó un fraude de 1.489 euros entre agosto de 2018 y julio de 2019.

En consecuencia, la Fiscalía considera que estas acciones son constitutivas de delitos graves que incluyen tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y fraude eléctrico, así como la integración en una organización criminal. Se propone que se imponga a cada acusado una pena de 5 años por el delito de salud pública, sumando un total de 20 años para los cuatro, además de una multa de 22.000 euros.

Asimismo, se solicitan dos años adicionales de prisión por los delitos de tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal, lo que aumentaría la pena total a 16 años, así como una multa de seis meses por el fraude eléctrico, con una cuota diaria de 8 euros.