LOGROÑO, 28 de enero. La dirigente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Ángela de Miguel, ha criticado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos para la regularización de migrantes, afirmando que no se ha llevado a cabo de la manera correcta. Según ella, este tipo de medidas debería tratarse como un asunto de Estado y no como un simple pacto político.

De Miguel sostiene que es esencial que la regularización se gestione con el consenso de todos los partidos políticos y dentro del Parlamento, garantizando así una discusión clara y transparente sobre el tema. En su opinión, este enfoque permitiría abordar una cuestión tan delicada de forma más constructiva.

Las declaraciones de la presidenta de CEPYME se produjeron justo antes de un encuentro empresarial en Logroño, impulsado por la FER, Ibercaja y su organización, donde se reunió a una centena de empresas para discutir los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en España.

En relación a la regularización de migrantes, De Miguel defendió la importancia de una emigración ordenada, especialmente en un contexto donde las empresas enfrentan dificultades para cubrir vacantes. Sin embargo, expresó su desacuerdo con el método actual, ya que había un esfuerzo previo para establecer un modelo conjunto sobre este asunto.

Por otro lado, en cuanto a la demanda de los sindicatos de incrementar los salarios en al menos un 4% anualmente hasta 2028, la presidenta de CEPYME subrayó la necesidad de priorizar la negociación. Advertió que las microempresas, que son la columna vertebral del tejido empresarial, ya están experimentando caídas en las contrataciones y cierres, lo que genera un panorama económico complicado.

“Siempre abogaremos por la negociación colectiva”, insistió De Miguel, añadiendo que es fundamental que esa negociación refleje la realidad de los sectores y territorios específicos. Reiteró que los empresarios y trabajadores de La Rioja son quienes mejor comprenden los desafíos locales y, por tanto, merecen ser escuchados en este proceso.

Por último, respecto al aumento del 3,1% del Salario Mínimo Interprofesional decidido por el Gobierno, De Miguel recordó que su propuesta original era de un 1,5% y argumentó que las subidas salariales deben negociarse a nivel colectivo, teniendo en cuenta la diversidad regional y sectorial de España. Afirmó que el Gobierno debería abstenerse de imponer aumentos que no consideren las particularidades de cada área.

Subrayó que en ciertas regiones, como Huesca, el 82% de los salarios ya se ven reflejados en el Salario Mínimo Interprofesional, lo que socava la capacidad de la negociación colectiva. A su juicio, es crucial centrar la atención en las microempresas, que están atravesando momentos difíciles y son esenciales para el tejido social y territorial de La Rioja y de toda España.