Auditoría revela retribuciones indebidas a altos cargos del SERIS en 2024, generando tensión política en La Rioja

Un informe de auditoría del ejercicio 2024 del Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha detectado que al menos tres altos cargos del Gobierno de La Rioja continuaron percibiendo retribuciones indebidas por actividades extraordinarias, como guardias, que no están autorizadas por normativa. Las cantidades indebidas ascienden a más de 34.000 euros para uno de ellos, en el caso del exgerente Jesús Álvarez, y a unos 20.500 euros en el caso de la actual gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza. La auditoría señala que estas percepciones siguen vigentes pese a informes internos que niegan irregularidades y a órdenes administrativas posteriores.

El contexto político en La Rioja se ha visto marcado por una situación de tensión entre el PSOE y el Gobierno regional, en medio de acusaciones de opacidad y posibles irregularidades en la gestión pública. La oposición, liderada por el PSOE, ha anunciado que podría solicitar una Comisión de Investigación en el Parlamento para esclarecer el alcance de estas retribuciones indebidas y ha advertido sobre la posible connivencia del Ejecutivo regional en estas prácticas, que consideran una falta administrativa grave.

La polémica se enmarca en un escenario donde el Gobierno de La Rioja ha mantenido en sus cargos a estos altos funcionarios a pesar de las evidencias de irregularidades y de informes que contradicen las declaraciones oficiales. La auditoría externa reitera que las percepciones exceden las límites permitidos por la ley, y que la normativa aprobada en 2023, que supuestamente habilitaba actividades extraordinarias en casos de necesidad, no justifica estos pagos indebidos.

Desde el PSOE, la crítica se ha centrado en la opacidad del Ejecutivo autonómico y en la falta de acciones concretas para depurar responsabilidades. La portavoz socialista, María Somalo, ha señalado que las autoridades regionales parecen dar la impresión de querer mantener una apariencia de legalidad, pese a las irregularidades detectadas y a la evidencia de que estos altos cargos podrían estar beneficiándose de retribuciones no autorizadas de forma intencionada.

En un contexto más amplio, estos hechos reflejan un problema estructural en la gestión pública en algunas administraciones, donde la falta de control y la opacidad facilitan prácticas que vulneran los principios de legalidad y ética. La situación en La Rioja pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y de exigir mayor transparencia en la gestión de recursos públicos, especialmente en un momento en que las instituciones deben reforzar su credibilidad ante la ciudadanía.