La presunta estafa de inversión en cannabis de la compañía neerlandesa Juicy Fields ha afectado a más de 40.000 españoles, de los cuales 1.700 han sido querellados por su posible implicación en un esquema Ponzi. La Audiencia Nacional ha admitido la querella y un total de 117 inversores han sido incluidos en la causa presentada por el despacho de abogados Emilia Zaballos. La tipología de inversores es diversa y se estima que el total de afectados asciende a más de 120.000 en todo el mundo.

Más de 1.000 afectados se han personado a través de la Asociación de Afectados por Inversiones en CBD con una demanda colectiva. Los diferentes bufetes personados se reunirán próximamente para trazar una estrategia común y ofrecer sus servicios a los 117 afectados que no cuenten aún con representación legal. El magistrado Manuel García-Castellón, quien ha abierto la investigación, considera que concurren elementos indiciarios que permiten suponer la comisión de un delito de estafa con múltiples perjudicados.

La empresa Juicy Fields ofrecía rentabilidades adicionales de hasta el 66% a lo invertido en su esquema de plantación, cultivo y recolección de marihuana para su uso terapéutico posterior. Una vez se producía la cosecha, se devolvía el dinero invertido con un beneficio adicional del 29% al 66%, según el éxito de la misma. La inversión podía realizarse a través de una transferencia de dinero fiat o con criptomonedas, con la única información requerida del cliente de un correo electrónico y una cuenta bancaria o un monedero electrónico. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha sido requerida para informar sobre el conocimiento que pudieran tener de la actividad de Juicy Fields. La empresa no contaba con el visto bueno del supervisor del mercado español para operar, aunque sí con oficinas en España.