LOGROÑO, 24 de septiembre.

La concejala de Vox en Calahorra, Maite Arnedo, ha decidido llevar ante la Fiscalía al Ayuntamiento local, al considerar que existe un caso de "prevaricación" debido a su inacción ante una reclamación importante.

Según fuentes de Vox, la denuncia sugiere que esta falta de acción no es un simple error administrativo, sino el resultado de una decisión deliberada, que podría estar vinculada a un acuerdo oculto entre los responsables políticos y técnicos del municipio.

Arnedo ha señalado que el Ayuntamiento había emitido un decreto que ordenaba de manera clara la reclamación judicial de una deuda que supera los 23.000 euros por servicios prestados en la Residencia Municipal San Lázaro.

A pesar de esta directiva, las acciones legales no se llevaron a cabo conforme a lo estipulado, lo que pone en riesgo la recuperación de esos fondos que pertenecen a la comunidad calagurritana.

Vox sostiene que más que un error, la situación sugiere un pacto encubierto con el fin de obstaculizar la reclamación y resguardar intereses particulares, así como influir en decisiones políticas cruciales en el Pleno.

Desde la perspectiva de Vox, esto podría definir un caso de prevaricación por la omisión intencionada de obligaciones legales por parte de los funcionarios públicos.

La portavoz del partido, Maite Arnedo, ha expresado su indignación, señalando que mientras cualquier ciudadano enfrenta severas consecuencias por no pagar impuestos o tasas, el Ayuntamiento parece olvidar sus deberes cuando la deuda proviene de un concejal.

La denuncia también destaca las numerosas dificultades que ha enfrentado la oposición para acceder a la documentación relacionada con este expediente.

Durante varios meses, el partido acusó a la administración de realizar dilaciones y bloqueos injustificados, los cuales solo fueron superados después de insistentes solicitudes, evidenciando la falta de transparencia del actual gobierno municipal.

De acuerdo con Vox, esta actitud no solo vulnera el derecho de los concejales a acceder a información pública, sino que también representa una estrategia consciente para encubrir una gestión prolongada que podría comprometer el patrimonio del municipio.

Finalmente, el partido ha instado a la Fiscalía a aclarar responsabilidades, tanto a nivel político como técnico, y a determinar si la inacción del Ayuntamiento se ajusta al delito de prevaricación o a otros posibles delitos penales.