• miércoles 28 de septiembre del 2022

Una sentencia soluciona que APA Rioja debe dar a Max a quien lo demandaba pero reconoce la imposibilidad de llevarlo a cabo

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LOGROÑO, 23 Sep.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Logroño ha resuelto, relativamente, la demanda que una mujer sostenía con la Asociación Protectora de Animales (APA) y condena a ésta a entregarle el perro Max. Sin embargo, asimismo reconoce la imposibilidad de llevarlo a cabo habiendo sido dado nuevamente en adopción.

La sentencia, tras condenar a la protectora a dar a la demandante el perro que demandaba, Max, desde 2020, en el momento en que se perdió mientras que lo paseaba, enseña que "se prueba la imposibilidad de cumplimiento" de exactamente la misma pues en el desarrollo se ha firmado un contrato de adopción con una tercera persona.

Así, apunta que "dada la imposibilidad de esa distribución por la requerida, y de sostenerse esa imposibilidad, se procederá en ejecución de sentencia a fijar vía incidental la substitución de esa condena por la pertinente indemnización".

La sentencia es resultado de una demanda por el que una vecina de La Rioja solicitaba que se declare la validez del contrato de adopción concertado sobre el perro Max; un perro que cuidaba desde su nacimiento, en 2018, primero como casa de acogida y después como adoptante.

Tal y como cuenta la demandante, el 16 de octubre de 2020, en el momento en que paseaba con sus 2 perros, Max y otra perra llamada Tula, por los aledaños de su urbanización, sonaron unos tiros de cazadores, y los perros se atemorizaron, saliendo corriendo atemorizados.

A la mañana siguiente, le llamaron desde el Centro Municipal de Acogida de Logroño, indicándole que una vecina de la urbanización los había encontrado. Sin embargo, al proceder a recogerlos se halló con que Max aún tenía el chip a nombre de APA Rioja y, por consiguiente, solo podía ser recogido por esta entidad.

Aunque en un primer instante han quedado en corregir los datos, la protectora no entregó al animal, lo que causó una demanda en la Guardia Civil.

La sentencia señala que desde APA Rioja se enseña que fue otra pareja la que acogió a Max, al lado de su camada, hasta el momento en que la en este momento demandante se "encaprichó" de él.

Relata que se hicieron "contratos de acogida" que "no transmitían la propiedad del animal". Añade que "no es verdad que se firmara un nuevo contrato", ya que lo que logró la demandante fue abonar "135 euros por costos veterinarios".

Asegura que son "costos que cualquier colaborador, con alguno de las asociaciones protectoras de animales del territorio nacional, abonan en término de donación".

Apunta que "en la perrera municipal se comprobó que el perro carecía de las vacunaciones obligatorias" y "no es verdad que a la demandante le fue irrealizable el cambio de titularidad del microchip".

Sostiene que se acordó "su viable adopción", pero "una vez cumplidas las condiciones establecidas en el contrato", y esto jamás pasó.

En su sentencia, la jueza comprende que los documentos elaborados por la protectora tienen "una información confusa" pues "por una parte se charla de adoptante, por otra parte dicen acogida" y, asimismo, "nuevo dueño".

Señala que el segundo de ellos, tras señalar que la el día de hoy demandante "ha acogido en su residencia al animal", añade: "Por ello ha abonado la proporción de 135 euros, lo que incluye adopción de la mascota".

La jueza, tras asegurar que "los animales tienen la posibilidad de ser objeto de apropiación y, por consiguiente, de reivindicación" cree que la distribución de Max a la demandante "no era de ninguna forma temporal".

Así, "se entregaba el perro al nuevo dueño, más allá de que se le imponía una secuencia de obligaciones, que, de no cumplirse, podrían saber la revocación de esa distribución determinante".

De este modo, se le entregó a Max "con imposición de unos impuestos, entre aquéllos que estaba mudar el chip y vacunarlo en el período de un mes".

De las pruebas practicadas quedó "constatado" que, más allá de poseerlo cuando menos año y medio en su poder, no procedió ni a mudar el microchip ni a vacunar al perro, "siendo singularmente importante este último radical, o sea, que no vacunara al animal".

"No obstante", añade, "frente esa situación" la protectora debía haber acudido a los tribunales para anular la distribución; "pero no lo logró".

La jueza, que define el contrato de adopción del perro una donación modal "que no fué anulada" frente a los tribunales, comprende que APA Rioja debe dar, por consiguiente, el perro a quien demanda ser su dueña.

No obstante, cuenta de qué manera, en el lapso del trámite, quedó acreditado que el perro, antes de la presentación de la demanda, fue entregado por la protectora a una tercera persona, a través de el oportuno contrato de adopción, y ésta ahora cambió el chip del animal, registrándolo a su nombre.

Por tanto, "se prueba la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia en esos términos de obligación de distribución del perro Max, lo que establece que, de sostenerse esa imposibilidad, se procederá en ejecución de Sentencia a fijar vía incidental la substitución de esa condena por la pertinente indemnización".

Una treintena de personas se concentraron el domingo 12 de septiembre del año 2021 en la sede de la Asociación Protectora de Animales en La Rioja (ApaRioja), en Logroño, para soliciar que devolviese al perro Max a su familia adoptiva.

La concentración se sucedía tras el cruce de acusaciones entre la protectora y la, en este momento, demandante que inició una obtenida de firmas en change.org (que alcanzó las 5.883 firmas) pidiendo que le devolviesen a Max y, además de esto, creó el perfil en twitter @devolvedamax y el perfil de Facebook 'Suplicamos que APARIOJA devuelva a Max a Su Hogar'.

El 30 de octubre de 2020, APA Rioja emitía un aviso asegurando que se "han infringido todos y cada uno de los compromisos comprados hacia el animal que están recogidos como obligaciones en la Ley de Protección Animal de La Rioja".

"Es incomprensible, aparte de poco responsable, que la multitud logre posicionarse respecto a algo sin tener ninguna información", confirmaba señalando que los comentarios emitidos habían sido trasladados a su servicio jurídico frente probables delitos de injurias y calumnias.

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