El próximo 12 de noviembre, a las 11:00 horas, se llevará a cabo un juicio importante en la Audiencia Provincial, en el que se analizará un caso que pone de relieve la lucha contra el tráfico de drogas en nuestra sociedad.

En este contexto, el Fiscal ha solicitado que se imponga una pena de cuatro años de prisión a un individuo que enfrenta acusaciones graves por un delito contra la salud pública. Este hombre fue sorprendido en posesión de 'speed', una sustancia ilegal, luego de evadir la responsabilidad por un accidente de tráfico en la localidad de Fuenmayor. Posteriormente, fue interceptado por agentes de tráfico en Logroño.

El informe presentado por el Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, revela que el acusado, quien ya contaba con antecedentes penales, estaba comprometido en la distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lo cual agrava su situación legal.

Los incidentes se remontan al 4 de junio de 2022, cuando el acusado se vio involucrado en un accidente de tráfico en Fuenmayor y, en lugar de asumir su responsabilidad, optó por darse a la fuga. Un conductor del otro vehículo lo persiguió hasta Logroño y logró alertar a la Policía Local sobre la situación.

Una vez que llegó al cruce de la Avenida Salustiano Olózaga con Avenida de la Sierra, los agentes de la ley le indicaron que iban a realizar una revisión de su vehículo. En ese instante, el acusado tomó un bote de cristal cubierto con un trapo amarillo, el cual contenía dieciséis bolsitas selladas con alambre negro y verde, todas llenas de anfetamina.

En un intento por ocultar sus acciones, el acusado arrojó disimuladamente el bote debajo de otro automóvil, un acto que fue observado por los agentes. Al ser cuestionado sobre el contenido del bote, el individuo confesó, de manera espontánea, que se trataba de 'speed', el cual había adquirido previamente en Fuenmayor.

El Fiscal sostiene que el acusado tenía la intención de revender esta sustancia a terceros, habiendo preparado los paquetes para su venta a consumidores finales. Se estima que su valor en el mercado negro alcanzaría los 314,29 euros.

Dado el contexto y las circunstancias de los hechos, el Fiscal considera que el comportamiento del acusado constituye un delito contra la salud pública, en su forma más perjudicial, al tratarse de sustancias que pueden causar enorme daño a la salud. Por ello, ha solicitado la imposición de una pena de cuatro años de prisión, acompañada de una multa de 314,29 euros, así como una pena adicional de 30 días de privación de libertad en caso de que no se cumpla con el pago.