Este lunes, 7 de abril, a las 09:00 horas, se dará inicio a un juicio en la Audiencia Provincial de La Rioja que promete capturar la atención de la opinión pública.

Desde Logroño, el 5 de abril, se ha informado que el Fiscal ha solicitado una pena de 6 años y medio de prisión para un empresario que enfrenta múltiples cargos, que incluyen estafa, delitos societarios y apropiación indebida. Las acusaciones giran en torno a un esquema en el que el empresario utilizó a un tercero como gerente de su farmacia, induciéndolo a asumir gastos y préstamos mediante el uso de engaños. Se le reprocha, además, el haberse detrimento de sus propios negocios, generando deudas, retirando fondos de manera indebida y eludiendo sus obligaciones financieras.

El Fiscal también ha solicitado que el acusado compense a la víctima con una indemnización que supera los 313.000 euros, en concepto de los perjuicios sufridos por esta última.

De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso Europa Press, el imputado, identificado como J.I.F., es un empresario sin antecedentes penales, dedicado al sector farmacéutico y sanitario. En 2010, ofreció a un farmacéutico la oportunidad de convertirse en gerente de su farmacia, ubicada en un centro comercial de Logroño, sugiriendo la posibilidad de una futura participación en el negocio.

El farmacéutico, cuya identidad es J.A.Y., aceptó el cargo y se encargó de la operación diaria de la farmacia, sin involucrarse en la contabilidad ni en las gestiones financieras. En marzo de 2011, J.I.F. le presentó una propuesta para asociarse, ofreciéndole un 25% de participación en la farmacia, lo cual fue considerado por la víctima como una excepcional oportunidad.

Ambos, entonces, formaron una sociedad civil para operar la farmacia, así como otra entidad mercantil. Según el relato del Fiscal, mientras la víctima era el único gerente de la sociedad, el acusado optó por desempeñar un rol de apoyo, reservándose el derecho de actuar como gerente cuando lo considerase necesario, algo que hizo de forma habitual.

Tras establecer el acuerdo, el empresario comenzó a destinar parte de los ingresos a saldar deudas previas a la venta, que habían sido ocultadas. En mayo de 2011, el acusado reveló a la víctima la existencia de una deuda de 69.006,44 euros, además de 199.692,06 euros reconocidos extrajudicialmente.

Ante esta situación, el farmacéutico se vio obligado a asumir en términos personales esa deuda en junio de 2011, firmando un contrato que transfería la responsabilidad de la deuda del acusado a una nueva línea de crédito.

Posteriormente, el acusado informó a J.A.Y. sobre una deuda personal que había contraído con un banco mediante dos préstamos destinados a financiar suministros y utillajes. Dado que no podía ofrecer garantías personales, el farmacéutico accedió a ratificar la prenda del préstamo para garantizar los ‘stocks’ necesarios.

Durante el tiempo que trabajaron juntos, el acusado, aprovechándose de su posición como socio mayoritario, realizó acciones que perjudicaron a la sociedad, empleando manejos contables que beneficiaron sus intereses personales o de otras empresas que poseía, afectando gravemente las finanzas de la sociedad común.

Según la denuncia del farmacéutico, estas acciones le causaron un perjuicio económico de 34.124,82 euros. Además, debido a la situación económica general y los problemas de viabilidad que comenzaron a surgir en las empresas del acusado tras la incorporación del farmacéutico, varias de ellas terminaron solicitando concurso de acreedores.

En este contexto, el empresario empezó a retirar fondos de las sociedades para atender sus necesidades personales, resultando en un incumplimiento de las deudas empresariales. La víctima, alertada por su abogado, advirtió al acusado sobre la posibilidad de iniciar acciones legales si continuaba con sus prácticas desleales.

De acuerdo con un informe pericial aportado por la víctima, los perjuicios acumulados debido a las acciones del acusado ascienden a un total de 313.776,98 euros.

El Fiscal considera que estos hechos constituyen delitos de estafa, societarios y de apropiación indebida, proponiendo una pena de 2 años de prisión por cada uno de los dos primeros delitos, además de 2 años y 6 meses por la apropiación indebida. Asimismo, se exige que el acusado indemnice a la víctima por el total de 313.776,98 euros, cerrando así este capítulo oscuro en el mundo empresarial.