• sábado 28 de enero del 2023

Roig y Femenía, los dos detenidos en la situacion ORA, solicitan mucho más de 160 años de prisión para el juez Penalva y el fiscal Subirán

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PALMA, 6 Dic.

Los abogados del empresario Antonio Roig y el funcionario del Ayuntamiento de Palma Miquel Femenía, jefe del departamento de Movilidad, los dos detenidos y también investigados en la situacion ORA, han elaborado escritos de acusación contra el juez Manuel Penalva y el fiscal riojano Miguel Ángel Subirán con solicitud de penas que suman 166 años de prisión.

En sus escritos remitidos al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), a los que tuvo ingreso Europa Press, los dos letrados asimismo amplían la acusación contra los pertenecientes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional José Luis Reguera, Blanca Ruiz, Miguel Ángel Blanco y también Iván Banderas. La solicitud de penas llega a los 335 años de prisión para los seis.

Ambas acusaciones particulares afirman que todos tienen que contestar frente a la Justicia por delitos de detención ilegal, prevaricación judicial, torturas, amenazas, revelación de misterios, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir delitos.

Cabe rememorar que Roig y Femenía fueron enjaulados en el mes de octubre de 2016 una vez que los dos declaran frente Penalva y Subirán a lo largo de la etapa de instrucción judicial de supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de regulación de parking ORA. En preciso, sobre el empresario Roig cayó la sospecha de que consiguió el contrato de la ORA en lugar de abonar comisiones a políticos, al paso que a Femenías le acusaron de muñir la contratación de la compañía.

Ahora, la acusación especial que representa a Roig cuenta que los seis acusados actuaban "conjuntamente, estructurada y ordenada, consensuando entre ellos la tácticas y actuaciones a efectuar y valorando exactamente las mismas una vez efectuadas". Por ello, señalan que a lo largo de la instrucción del caso Cursach y de sus piezas separadas, entre ellas la situacion ORA, cometieron "acciones presuntamente delictivas".

En aspecto, cuenta distintas infiltraciones a la prensa sobre su representado más allá de estar decretado el misterio de sumario, "que prácticamente se sostuvo a lo largo de su instrucción". Pese a su publicación y al estar al "corriente de las infiltraciones", el letrado concluye que "ninguno hizo alguna acción dirigida a impedirlas".

Como consecuencia, sigue, "los acusados lograron hacer un estado de opinión completamente opuesto a los investigados, mientras que las defensas veían cercenado su derecho de defensa". En aspecto, el letrado correcto que al empresario Roig este suceso le dañó "dificultosamente en su situación procesal y penal, que le provocaron un irreparable perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional".

Además, la acusación especial muestra que la detención de Antonio Roig fue arbitraria "fruto de la mucho más tosca rumorología" y con un informe elaborado por el acusado Miguel Ángel Blanco, que "no contenía rastro de bastante entidad para lograr finalizar".

Aparte de reseñar los mensajes intercambiados por los acusados en el conjunto de WhatsApp 'Operación Sancus' sobre la detención de Roig, la acusación especial mantiene que el arresto fue realizado sin hacer "ni solo una diligencia de prueba para contrastar la versión felizmente sostenida por el testigo protegido 19" con relación al pago de 1,5 millones y una casa por la parte de Roig a Álvaro Gijón y José María Rodríguez, los dos líderes del PP.

Por lo tanto, reitera que que la detención de Antonio Roig fue "completamente arbitraria y delictiva", como asimismo su ingreso en prisión en el que en teoría recibió presiones. Por todo ello, la acusación especial pide asimismo una indemnización en término de compromiso civil a todos y cada uno de los acusados de 1,2 millones de euros.

En exactamente el mismo sentido, la acusación especial que representa al funcionario del Ayuntamiento de Palma Miguel Femenía solicita una indemnización por privación de independencia, días de baja y daño ética por una cantidad total de 646.568 euros.

En su escrito, asimismo remitido al TSJIB para la apertura de juicio oral, destaca que los seis acusados, Penalva, Subirán, Blanco, Ruiz, García y Bandera, Femenía fue detenido "desde puras supones jamás afirmadas ni contrastadas y después diluidas".

Así, el letrado mantiene que su representado fue "presionado, coaccionado y conminado" mientras que prestaba declaración, "de manera injustificada ingresado en prisión provisional ocasionándole evidentes trastornos personales, sentimentales y expertos".

Igualmente, concluye que fue afectado profesional y procesalmente por las infiltraciones "toleradas y no perseguidas" por los acusados.

En los dos escritos de acusación se recuerda, sin embargo, que la situacion ORA fue suspendido en el primer mes del año de 2021 y archivado una vez que el juez de Instrucción número 12 de Palma, Antoni Garcías, decretase que no había "bastante" prueba de cargo.

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