LOGROÑO, 26 Ago. - En una reciente comparecencia ante la prensa, Alfonso Domínguez, portavoz del Gobierno de La Rioja, anunció ambiciosos planes financieros para el año 2026, donde se prevé que las inversiones en políticas públicas superen los 2.000 millones de euros.

Durante su intervención, tras el Consejo de Gobierno, Domínguez informó sobre el incremento del límite de gasto no financiero para 2026, que se eleva en un 1,85% respecto al año anterior, alcanzando así la impresionante cifra de 1.858 millones de euros.

El portavoz detalló que, tras la inclusión del gasto financiero, el presupuesto completo será presentado, reafirmando que es la segunda vez que se supera la barrera de los 2.000 millones en esta comunidad.

Domínguez también explicó que el proceso presupuestario se inicia habitualmente en junio o julio, con la aprobación de la normativa que permite a los diferentes departamentos trabajar en sus respectivas propuestas de presupuesto.

Posteriormente, el Gobierno establece el techo de gasto, que representa el límite para el gasto no financiero en los presupuestos de la comunidad autónoma, en este caso, para el año 2026.

La cifra de 1.858 millones de euros para el límite de gasto no financiero ha sido posible gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda.

Dicho ministerio, en su informe anual, ha ofrecido previsiones de crecimiento económico para 2026, una vez consideradas las correcciones necesarias, estimando un incremento del 2,3 por ciento.

Asimismo, el Gobierno riojano trabaja en concordancia con la información brindada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un paso fundamental para que los presupuestos sean aprobados tras su presentación ante el Parlamento regional y estén en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Domínguez no escatimó en criticar la "incertidumbre e inseguridad" generadas por el Gobierno central, señalando que aún persiste la falta de claridad respecto a las cifras de déficit, deuda pública y normas de gasto para 2026, dado que no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el tiempo adecuado, que debió haberse celebrado en julio.