LOGROÑO, 23 Nov.

La formación política Por La Rioja ha demandado al Gobierno autonómico que ofrezca clarificaciones sobre la alarmante cifra de sanciones impuestas a una significativa proporción de autobuses escolares en la región, donde se ha detectado que casi el 40% de estos vehículos no cumplen con la normativa vigente.

En un comunicado, el partido ha expresado su preocupación por lo que consideran un grave descuido en la vigilancia y regulación del transporte escolar en La Rioja, señalando que este asunto debe ser tratado con la máxima seriedad.

Sonsoles Soriano, secretaria general de la formación, ha destacado que de los 72 autobuses inspeccionados, 29 recibieron multas, lo que representa una cifra alarmante que no se puede pasar por alto.

La dirigente ha calificado como “inaceptable” que una cantidad tan elevada de vehículos que transportan a nuestros hijos hacia las escuelas no cumplan con las normas básicas que garantizan su seguridad y bienestar.

Desde su perspectiva, estos resultados no son solo números, sino una clara indicación de un fallo sistémico en la supervisión del transporte escolar, un área que requiere atención continua y no solo revisiones ocasionales.

El partido regionalista ha subrayado que las infracciones encontradas abarcan desde la falta de permisos necesarios para operar como transporte escolar hasta el incumplimiento de las normas sobre tiempos de conducción y descanso, así como deficiencias en seguros y otras medidas de seguridad imprescindibles para el traslado de menores.

“Instamos a obtener respuestas claras y concisas para la población. En Por La Rioja, defendemos que los servicios públicos, especialmente los que afectan a los menores, deben ser objeto de inspección regular para asegurar su calidad y cumplimiento normativo”, ha afirmado Soriano con firmeza.

Por La Rioja ha solicitado que el Gobierno de Gonzalo Capellán informe de manera urgente sobre los procedimientos de supervisión que actualmente se están aplicando, su frecuencia, las medidas que se implementarán de forma inmediata para garantizar un transporte seguro, y si se abrirán expedientes de responsabilidad a las empresas implicadas. También exigen que se incluyan mecanismos preventivos en los próximos contratos públicos de transporte escolar.