LOGROÑO, 14 de febrero. Recientemente, el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, del Partido Popular, ha sido objeto de duras críticas por parte de Podemos-IU, quienes lo acusan de incurrir en irregularidades al otorgar de manera directa los conciertos de 'Porretas' y 'La Pegatina' durante las festividades de San Mateo. Según el comunicado emitido por este grupo político, esta acción va en contra de la Ley de Contratos del Sector Público.

Desde Podemos-IU se menciona que esta situación, que el propio Ayuntamiento ha reconocido, forma parte de un patrón más amplio de adjudicaciones irregulares que ya han sido señaladas por el Consejo Consultivo de La Rioja. En su señalamiento, se critica que los conciertos fueron contratados sin la pertinente licitación pública, omitiendo la posibilidad de que múltiples empresas pudieran participar y sin respetar los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos.

Los críticos han recordado que, en un primer momento, la justificación para esta contratación se intentó enmarcar como un contrato de patrocinio. Sin embargo, la Dirección General de Contratación desmintió esta práctica alegando su falta de legalidad. A pesar de esta advertencia, el concejal Sáinz decidió otorgar el contrato de forma verbal a una empresa, una medida prohibida a menos que haya una emergencia legítima que lo justifique.

La concejala de Podemos-IU, Amaia Castro, ha afirmado que estas son prácticas reiterativas en la gestión del Partido Popular, que se conduce a través de la falta de cumplimiento de la ley, beneficiando así a empresas cercanas e ignorando la adecuada administración de los recursos públicos. Castro sostiene que el problema no se limita a las contrataciones de estos conciertos, sino que refleja un sistema de gestión opaco y desorganizado.

Adicionalmente, Castro ha señalado que el Ayuntamiento ha admitido la nulidad del contrato, lo que significa que ahora deberá encontrar la manera de justificar los 43.000 euros que se otorgaron de manera irregular. Esta no es la primera vez que se enfrentan a situaciones de este tipo, ya que el Consejo Consultivo ha manifestado que estas prácticas son recurrentes en la gestión del Partido Popular en Logroño.

En sus declaraciones, Castro ha subrayado que ha habido múltiples adjudicaciones que no cumplen con la legislación aplicable, y todas han favorecido a las mismas empresas. Mientras tanto, los servicios públicos enfrentan recortes derivados de estas decisiones. También mencionó el caso del Espacio Peñas, que ilustra lo que considera una gestión ineficaz, assertando que el Partido Popular ha preferido destinar recursos a empresas privadas en lugar de asegurar la continuidad de espacios culturales esenciales para la ciudad.

Ahora, el Ayuntamiento se encuentra en la difícil tarea de encontrar una solución para abonar los 43.000 euros otorgados de forma ilegal, mientras hace anuncios de recortes ante un déficit presupuestario de 8 millones de euros. Castro ha expresado su frustración, señalando que estos problemas, desde las adjudicaciones irregulares hasta la falta de ejecución de proyectos, están llevando a la ciudad a una situación crítica.

Castro concluye afirmando que cada acto irregular y cada contrato que no se ajusta a la ley tiene un impacto negativo en la comunidad, resaltando que los ciudadanos de Logroño son los que finalmente deben afrontar las consecuencias del despilfarro del dinero público por parte del Partido Popular.