LOGROÑO, 1 Dic.

El Ayuntamiento de Logroño se encuentra inmerso en la preparación de una ordenanza municipal destinada a la abolición de la prostitución en la ciudad. Sin embargo, su implementación se enfrenta a retrasos atribuibles a “cuestiones administrativas”, según lo manifestado esta semana por la concejala de Igualdad y portavoz del equipo de Gobierno local, Celia Sanz.

Este esfuerzo legislativo se enmarca dentro de una normativa cuya concreción se preveía para el año 2024, tras haber sido aprobada en un pleno celebrado en noviembre de 2023, gracias a la iniciativa de una moción presentada por el Partido Riojano. Esta propuesta recibió el apoyo de otros grupos como el PSOE, Unidas Podemos-IU y PR+, mientras que el PP optó por la abstención y Vox se opuso abiertamente.

En respuesta a las preguntas formuladas por los periodistas, Sanz subrayó que, efectivamente, la moción fue aprobada en esta sesión plenaria, y desde entonces, el equipo de Gobierno ha estado trabajando en la redacción de la mencionada ordenanza.

No obstante, advirtió que la elaboración de una norma de esta naturaleza exige primero un diagnóstico exhaustivo de la situación para poder abordar adecuadamente las necesidades que la misma busca atender. En este sentido, puntualizó que, a veces, los plazos administrativos no coinciden con las expectativas del Gobierno local.

“En lo que respecta a decisiones políticas, el compromiso existe y se está avanzando en el proceso. De hecho, hemos mantenido reuniones con Médicos del Mundo, profesionales que interactúan directamente con las mujeres afectadas por situaciones de explotación y trata de personas destinadas a la explotación sexual”, destacó la concejala.

Como resultado de estos encuentros con Médicos del Mundo, se ha podido identificar la existencia de aproximadamente 60 pisos potencialmente dedicados a esas actividades en La Rioja.

Además, Sanz enfatizó la importancia de detectar las verdaderas necesidades de estas mujeres, donde una de las demandas más significativas parece ser el acceso a servicios de salud, algo que, según aclaró, no compete directamente al Ayuntamiento.

“Se trata de un asunto extremadamente delicado que requiere un enfoque cauteloso. Es esencial determinar cuáles son las responsabilidades y competencias que le corresponden al Ayuntamiento de Logroño”, afirmó Sanz.

Asimismo, destacó que esto requiere la colaboración de otras administraciones públicas, ya que establecer una ordenanza sin contar con un plan concreto de cooperación con dichas instituciones sería ineficaz.

En este escenario, la concejala aseguró que la falta de una norma no se debe a una carencia de voluntad política, que sí existe, sino a las dificultades administrativas que han surgido. De este modo, la ordenanza tal y como se había comprometido en el pleno no estará lista para 2024.

“Es indudable que es un asunto que debe ser abordado, pero reitero que la voluntad política a menudo no se alinea con los plazos implicados en los trámites administrativos. A esto se suma el deseo de elaborar una ordenanza que, en primer lugar, esté fundamentada en un diagnóstico claro”, añadió.

Para concluir, insistió en que el equipo está llevando a cabo un estudio comparativo de otras ordenanzas similares y que, aunque es un trabajo arduo, el Ayuntamiento mantendrá el desarrollo de esta iniciativa, manteniendo informada a la ciudadanía sobre los tiempos administrativos necesarios para su avance.