La Rioja rechaza la creación de "centros especiales" para menores no acompañados, defendiendo un enfoque familiar en su protección.
LOGROÑO, 27 de marzo.
La consejera de Salud y Servicios Sociales de La Rioja, María Martín, ha afirmado hoy que no se establecerán centros especiales para menores no acompañados en la región. Según Martín, el enfoque de protección de menores en La Rioja se basa en la integración familiar, resaltando que los 14 menores no acompañados que actualmente se encuentran en la comunidad están perfectamente integrados con otros menores tutelados, disfrutando de los mismos derechos y oportunidades.
La consejera realizó estas declaraciones en respuesta a preguntas formuladas por el Grupo Parlamentario de Podemos-IU, así como por el PSOE, quienes cuestionaron al Gobierno sobre su política en relación con la protección de menores y la inmigración.
Martín subrayó que la acción del Gobierno en este ámbito siempre busca priorizar el interés superior del menor, apoyándose en un marco legal que garantiza derechos fundamentales y protección. Aseguró que la prevención es el principio fundamental que guía todas las políticas implementadas por su consejería.
Destacó que las acciones adoptadas varían en función del nivel de vulnerabilidad de cada menor. El Gobierno de La Rioja ha concentrado esfuerzos en facilitar acogimientos, tanto familiares como residenciales.
La consejera informó que actualmente hay 141 menores en acogimiento familiar en La Rioja, divididos en 64 niños y 77 niñas. También mencionó que la comunidad cuenta con diferentes centros que ofrecen un total de 82 plazas residenciales, sumando 5 más para situaciones de emergencia.
Martín reafirmó que la política de protección infantil del gobierno regional no se basa en grandes residencias o edificios impersonales, sino que se orienta hacia el concepto de "hogares de acogida", donde hay 113 plazas disponibles.
Además, enfatizó que existen 22 plazas en centros terapéuticos en otras autonomías para atender a menores con trastornos de conducta o necesidades especiales. Hasta la fecha, se ha proporcionado asistencia a 211 menores en estas 135 plazas, lo que demuestra una alta ocupación de los recursos disponibles.
A partir del 1 de abril, se incorporarán dos nuevos pisos a esta red, aumentando la capacidad de acogida y, para 2025, la cifra total se espera alcanzar las 153 plazas, incluyendo centros terapéuticos.
Martín reiteró que la esencia del sistema de protección de menores riojanos es el modelo familiar, donde la atención a las necesidades emocionales de los niños es primordial. Asimismo, remarcó que no se hace distinción entre el origen o la situación de los menores.
La Rioja se posiciona como la segunda comunidad autónoma, después de Baleares, con un 17.2% de escolarización de menores extranjeros, superando a muchas otras regiones que han planteado críticas. Esto evidencia el compromiso del Gobierno de La Rioja con la integración adecuada de estos menores y una política migratoria responsable.
Por otro lado, la portavoz de IU, Henar Moreno, criticó al Partido Popular por lo que considera falta de solidaridad. Sostiene que el Gobierno debe aceptar la responsabilidad de acoger a menores en condiciones dignas y no ignorar la situación de aquellos en regiones como Canarias, Ceuta o Melilla.
Moreno consideró vergonzosa la actitud del Gobierno de La Rioja, instando a alcanzar un consenso regional que priorice las necesidades de estos niños sobre los intereses partidistas.
Además, acusó a los partidos de utilizar a los menores como herramientas políticas, afirmando que la gobernanza implica una obligación de cumplir con las leyes.
Por su parte, María Somalo, diputada del PSOE, destacó que la reciente reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería busca abordar la crisis migratoria en España, estableciendo criterios claros para la distribución de menores entre comunidades autónomas, de forma equitativa.
Somalo añadió que este nuevo marco proporcionará alivio a las regiones que enfrentan una carga migratoria intensa, especialmente Canarias, lamentando la resistencia del PP a adaptar sus políticas a esta nueva realidad.
La diputada recordó que las pautas de la reforma son similares a las aplicadas en la recuperación de 300 migrantes el verano pasado, cuando el PP no se opuso. Concluyó expresando dudas sobre si las comunidades gobernadas por el PP proporcionarán datos necesarios para la correcta implementación de esta reforma.