La Rioja moderniza su función pública con nuevo decreto y aumento salarial
El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado un decreto que regula la implantación de un nuevo modelo de función pública en la Administración autonómica. La normativa, que actualiza disposiciones de hace más de 30 años, afecta a 810 funcionarios y laborales, con un incremento retributivo anual de aproximadamente 1,85 millones de euros. La medida forma parte de un proceso de modernización y ordenación del sector público regional.
Este paso responde a la necesidad de adaptar la estructura administrativa a las funciones actuales y futuras, siguiendo la Ley 9/2023 de Función Pública. La reforma incluye la creación de nuevos cuerpos y escalas, además de establecer un plazo de seis años para que quienes no posean titulaciones superiores puedan acceder a los nuevos grupos. La iniciativa también contempla la incorporación de bomberos forestales en el cuerpo funcionarial y la mejora de las condiciones laborales de ciertos colectivos, como los ayudantes técnicos educativos.
Las implicaciones de esta normativa son significativas: una reorganización del personal que busca mayor eficiencia, transparencia y reconocimiento económico. La aprobación ha sido el resultado de negociaciones con sindicatos, que han mostrado apoyo unánime. También se han modificado titulaciones y procedimientos para facilitar la promoción interna y la incorporación de profesionales en diferentes categorías.
Desde el punto de vista político, esta decisión refleja el compromiso del Gobierno regional con la modernización de la administración pública, en un contexto de búsqueda de mayor eficiencia en la gestión pública y cumplimiento de la ley. La medida también responde a la necesidad de afrontar retos en la prestación de servicios públicos y garantizar condiciones laborales justas y actualizadas.
El proceso, que culminará en este año, tiene un horizonte temporal para completar los cambios económicos y administrativos, con efectos económicos que no podrán ser posteriores al 1 de julio de 2026. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de modernización del sector público regional, que busca mejorar la calidad del empleo público y reforzar la eficacia de la gestión.
En el contexto político actual, estas reformas reflejan una apuesta por la estabilidad y la profesionalización del sector público, en línea con las políticas de modernización impulsadas por el Ejecutivo regional. La continuidad en estas acciones será clave para consolidar los avances logrados y afrontar los desafíos futuros de la administración autonómica.