La Rioja destinará medio millón de euros en 2026 para fortalecer el pequeño comercio rural
El Gobierno de La Rioja ha aprobado una inversión de 500.000 euros para 2026 destinada a apoyar el pequeño comercio en municipios con menos de 300 habitantes. La iniciativa busca consolidar locales comerciales y actividades de venta ambulante en núcleos rurales, que representan el 65,5 % de los municipios de la región según el INE.
Este apoyo forma parte de la estrategia del Ejecutivo regional para fortalecer el medio rural en un contexto de desafíos económicos y demográficos. La decisión se enmarca en la política regional de promover el desarrollo sostenible y garantizar la continuidad de servicios básicos en localidades con baja densidad poblacional, en línea con las prioridades del Consejo de Gobierno en materia de cohesión territorial.
La puesta en marcha de estas subvenciones responde a las recientes reformas en la normativa regional, que incluyen requisitos como el domicilio fiscal en La Rioja y la ampliación de los perfiles subvencionables, con el fin de ampliar el impacto y reducir obstáculos administrativos. La convocatoria, que se publicará en próximas semanas, priorizará localidades con menor población, así como comercios que fomenten la economía social y el empleo femenino.
En el ámbito político, estas medidas reflejan la voluntad del Ejecutivo de responder a las urgencias del medio rural, en un momento en que la despoblación y la pérdida de servicios públicos preocupan a los responsables regionales. La inversión en pequeñas empresas y comercios se presenta como un pilar estratégico para mantener la vitalidad social y económica en zonas alejadas de los centros urbanos.
Las acciones de apoyo a la economía social y solidaria están respaldadas por la reciente Ley 9/2022, que busca potenciar la presencia y el crecimiento de estas entidades en La Rioja. La normativa refuerza el compromiso regional con un modelo económico que prioriza los beneficios sociales y la sostenibilidad, en contraposición a un modelo centrado en la rentabilidad financiera exclusiva.
En un contexto autonómico donde la despoblación sigue siendo uno de los principales retos, estas políticas se inscriben en un marco más amplio de impulso a un desarrollo equilibrado y sostenible, que procure mejorar las condiciones de vida en todos los municipios, independientemente de su tamaño o ubicación.