LOGROÑO, 14 Dic.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha pedido el día de hoy a la Consejería de Salud que resuelva los fallos que han tolerado inmovilizar la devolución al sistema público del estacionamiento del CIBIR.

En publicación oficial, la Plataforma se mostró "conveniente" a reiniciar las movilizaciones para "consolidar el propósito final que no es otro", dijo, "que el salve definitivo del estacionamiento del CIBIR para el sistema público".

Ha recordado que, adjuntado con un óptimo número de organizaciones fomentó en su día la obtenida de sobra de 20.000 firmas a fin de que todos y cada uno de los parking ubicados al lado del hospital San Pedro sostuvieran su carácter público.

De este modo, dijo, se dejaba que la ciudadanía y los expertos sanitarios disfrutaran de un estacionamiento gratis para asistir a las consultas sanitarias.

Ha contado de qué manera las compañías adjudicatarias, creaciones Zenón y también inmobiliaria Ortega, formalizaron en 2010 un contrato sin propaganda con 40 años de vigencia y en unas condiciones completamente perjudiciales para los capitales públicos.

Desde ese instante, las organizaciones sociales empezaron una sucesión de movilizaciones al lado de la obtenida de firmas ahora expuesta que impulsaron más tarde al gobierno de coalición iniciara su salve para el sistema público.

Ahora, ha señalado: "En estos frágiles instantes, y frente a la paralización judicial del desarrollo, nos ubicamos al lado de la Consejería de Salud para expresarle la necesidad de comenzar nuevamente el desarrollo descartando los fallos".

De este modo, ha añadido, "al fin y al cabo el estacionamiento del CIBIR se afianzará como un factor publico mucho más en la administración pública riojana, distanciando del mismo enriquecimiento y la especulación de compañías que de forma exclusiva persiguen altos provecho de las cuentas públicas".

Para la Plataforma, una "exhibe de este abusivo beneficio" es la demanda judicial que las compañías realizaron por el salve administrativo de la consejería de Salud, donde piden una indemnización de 24 millones en el momento en que el canon de adjudicación y, por consiguiente, lo que la compañía pagó fueron 9,4 millones.