La tarde de juicio terminó en una atmósfera de tensión palpable, donde los dos acusados tuvieron que ser separados por las autoridades debido a conflictos entre ellos. Este episodio se produjo durante la segunda jornada del juicio que investiga la muerte de un hostelero en Cuzcurrita, un caso que ha conmocionado a la comunidad local.

LOGROÑO, 5 de noviembre. En el transcurso de la sesión judicial, la pareja de C.S.R. -un hombre de 38 años imputado por el asesinato del hostelero ocurrido en su hogar durante la noche del 1 al 2 de mayo de 2023- desmintió las declaraciones recientes de la hija del fallecido, Yolanda Castillo. Su intervención fue clara, asegurando que "nunca dije a nadie que habían matado al viejo".

La audiencia de hoy fue particularmente tensa, con momentos explosivos entre los acusados, obligando a la Policía Nacional a intervenir para mantener el orden. Durante el juicio, ambos estaban bajo la custodia de las fuerzas del orden, lo que demuestra la gravedad de la situación que rodea este caso criminal. La pareja de C.S.R. testificó ante el juez, señalando que conoció a la hija del bodeguero en Haro, donde le expresó sus condolencias por la pérdida de su padre, desmarcándose así de la versión de Yolanda, quien había afirmado que ambos se habían encontrado en un bar de Pradillo.

Asimismo, la testigo declaró haber recibido "amenazas" de personas involucradas en el tráfico de drogas tras los sucesos fatales, añadiendo un matiz de inquietud a la propia declaración. En su relato, se detalló cómo la noche de los hechos, su pareja volvió a casa "drogado y triste" y le confesó que el otro acusado, A.D.G., golpeó a Guillermo en su vivienda, amenazándolo para que no hablara.

En sus propias palabras, la pareja de C.S.R. corroboró que, esa trágica noche, él había ido a la casa del fallecido a pedir dinero, una solicitud que no llegó a realizarse por el desarrollo violento de los acontecimientos. Ella se mostró crítica con su pareja, enfatizando su cobardía al no brindar ayuda a Guillermo en el momento crucial del conflicto. A pesar de su recriminación, mencionó que, tiempo después, todavía creía que Guillermo se encontraba bien.

Por otro lado, durante la jornada también compareció la hermana de A.D.G., quien reveló que la ropa que llevaba su hermano la noche del incidente era la misma que llevó desde la mañana, contradiciendo así la afirmación de la Fiscalía sobre un posible cambio de vestimenta. Esta declaración generó interrogantes en el marco del juicio.

La hermana relató que al regresar a casa después de su trabajo, notó la ausencia de su hermano y, al no poder comunicarle, se puso en contacto con C.S.R., quien afirmó que estaba cambiando una rueda junto a él. Pese a que la fiscalía presentó evidencia de llamadas posteriores, la hermana insistió en que no hizo más intentos de contacto.

Un trabajador de Guillermo Castillo también se presentó ante el juez, explicando que intentó comunicarse con Guillermo por varias horas y, frustrado por la falta de respuesta, decidió ir a su casa. Al llegar, descubrió que la puerta estaba abierta y la vivienda en desorden, evidenciando un posible escenario del crimen.

Otro testigo, amigo de Guillermo y Yolanda, indicó que un tiempo después del suicidio, la compañera de uno de los acusados admitió que "se les había ido de las manos", admitiendo así su implicación en el crimen. Además, este testigo corroboró que alguien conocido por Yolanda había llamado a su padre esa misma noche a su negocio, un detalle que podría arrojar luz sobre los eventos previos a la tragedia.

Al concluir la jornada del juicio, el abogado de la Acusación Particular, Marcos García Montes, expresó que el caso estaba cerca de resolverse, argumentando que la evidencia acumulada reforzaba la acusación de ensañamiento y señalando la vulnerabilidad de la víctima, Guillermo Castillo.

En caso de que el jurado declare a los acusados culpables, la Fiscalía solicita una condena de 27 años de prisión para cada uno, desglosando los cargos en 23 años por asesinato con alevosía y 4 años por robo en casa habitada. En contraste, la familia de la víctima aboga por una pena de prisión permanente revisable, mientras que el fiscal pide además que los acusados cumplan diez años de libertad vigilada y que indemnicen a los hijos de la víctima con 300.000 euros.