LOGROÑO, 29 Jun.

La situación que están atravesando las compañías y los autónomos de La Rioja "es muy alarmante". El incesante y desbocado incremento de los costos energéticos, de los carburantes, de las materias primas, materiales y abastecimientos, que "son fundamentales para la actividad, pone a varios negocios, medianas y pequeñas compañías y a los autónomos en alerta y contra las cuerdas".

La Federación de Empresas de La Rioja (FER), que transporta meses consultando y recabado información en los distintos campos económicos y empresariales de la Comunidad Autónoma, cree que "llegamos a una situación límite que se ha popularizado y a un instante de peligro máximo para el cuidado y la viabilidad de estas compañías, ocupaciones, campos y negocios, que emplean a cientos de trabajadores".

Por ello, la FER piensa que, sabiendo que "cada día que pasa está empeorando la situación, no tenemos la posibilidad de cerrar los ojos a esta situación y llegó el instante de reclamar un genuino Plan de Choque Nacional, cuya puesta en marcha ha de ser urgente y también instantánea".

Este Plan de Choque Nacional debe fundamentarse primordialmente en una reducción extendida de los impuestos que aguantan compañías y autónomos para calmar y aligerar el incremento de los costos de actividad. Entre estos costos inaceptables están los derivados de la adquisición de las materias primas, los materiales y demás abastecimientos. Las materias primas no dan tregua a las compañías y prosiguen su escandalosa subida.

También es precisa una reducción de la carga impositiva a los ciudadanos, ya que el consumo asimismo se ve muy perjudicado y esto influye directamente en la actividad empresarial.

Es preciso el cuidado del impuesto particular sobre la electricidad en el mínimo que autoriza Bruselas del 0,5 por ciento y proseguir con la supresión del impuesto que grava con un 7 por ciento el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.

La reducción de impuestos es la única salida y la única solución razonable para calmar la actividad de cientos de negocios, cuyos costos energéticos y de comburente se han duplicado y tresdoblado en los últimos meses, lo que transporta a una situación límite, que pone bajo riesgo la supervivencia y viabilidad empresarial y todo el empleo que mantiene.

La reducción del IVA del diez por ciento al 5 por ciento en la energía es una buena nueva para el ciudadano, pero no para las compañías ya que hablamos de un impuesto neutro. La reducción del IVA solo es ventajosa para el cliente familiar y para esos contratos con una capacidad inferior a diez.000 W.

Es urgente acometer una reducción esencial de alto gasto público de hoy, que medra de manera continua y es completamente inasumible. En España según un estudio nuevo del Instituto de Estudios Económicos, se puede hacer una reducción de 60.000 millones de euros de gasto público insignificante y también ineficiente.

Por lo tanto, existe margen de actuación para achicar este colosal gasto público improductivo y poder hacer la precisa reducción de impuestos extendida a compañías, autónomos y ciudadanos.

Además, es esencial que se genere una revisión de los costos públicos de las licitaciones y concursos de las gestiones públicas, ya que lo efectuado hasta no posee efecto alguno en las pequeñas y medianas empresas, siendo preciso que, además de esto, se integre a la integridad de ocupaciones, servicios, proyectos, proyectos y materiales a los que entran las compañías riojanas y no solo a un número muy limitado de ellos.

Sin esta revisión de calado y en hondura de los costos de la contratación pública de servicios y proyectos, es completamente inviable el ingreso de nuestras pequeñas y medianas empresas a los concursos, con lo que es previsible que prosigan quedando concursos y adjudicaciones desiertas y, por consiguiente, las gestiones públicas se hallen con una situación nueva.

La medida autorizada por Bruselas a España para poner un encuentre al precio del gas que genera la electricidad, la llamada excepcionalidad Ibérica, es una medida que no le saldrá gratis a las compañías.

El Gobierno pone un límite al precio, pero deja de compensar a las compañías productoras del gas. Esta compensación la deberán abonar las compañías con contratos cambiantes y aquellas compañías que actualicen sus contratos de suministro. Las comercializadoras del suministro eléctrico incorporarán esa compensación económica en las novedosas facturas y el coste se puede duplicar o triplicar.

Por tanto, la medida no solo no da los desenlaces positivos aguardados, sino, además de esto, es arbitraria y también injusta para las compañías y para aquellas compañías que actualicen sus contratos de suministro.

"Desgraciadamente, el coste energético va a proseguir ahogando a nuestras compañías. En la situacion de la industria o de las ocupaciones mucho más intensivas en gas y electricidad, lejos de sospechar una solución, se la castiga en el peor instante, en medio de una crisis energética, con una total indecisión sobre la cantidad que deberá compensar, con la consiguiente pérdida de competitividad para el ámbito industrial".

La industria de españa consume el 60 por ciento del gas nacional y precisa un mecanismo de protección si el Gobierno no desea que se genere en verdad una parálisis industrial de inestimables secuelas.