"No cabe concebir como conocimiento indebido de información clasificada el que sea de las indagaciones periodísticas"

LOGROÑO, 12 Ago.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), donde está dentro la Asociación de la Prensa de La Rioja, repudia el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada al estimar que limita los derechos de independencia de expresión y también información.

En publicación oficial, dió a comprender que ha anunciado múltiples alegaciones al anteproyecto, entendiendo que limita derechos bajo la justificación de la salvaguardia de la seguridad y de la defensa nacional.

Además, mostró sorpresa y rechazo pues solo permanezca un período de 3 al 12 de agosto para formar parte, en pleno mes de agosto, comúnmente de vacaciones, sin que comprenda que se justifica el trámite de urgencia.

Para la FAPE el ingreso por la parte de un periodista, en el ejercicio de su profesión, a información clasificada como confidencial o limitada no debería implicar que deba almacenar reserva y, por consiguiente, no habría de ser sancionable su publicación.

Para esta entidad profesional, "no cabe concebir como conocimiento indebido de información clasificada el que sea de las indagaciones periodísticas".

Asimismo, ha solicitado que no se considere infracción grave, o suave, la difusión por los medios de información de reportes o aclaraciones clasificadas como privados o limitadas a las que hayan tenido ingreso los cronistas en el ejercicio de su profesión.

También, ha rechazado que en estos teóricos estén obligados los cronistas o los medios informativos a dar estos reportes o información a ningún funcionario público.

Para la FAPE, al amparo de la regla que se quiere aprobar, "basta a la Administración con calificar cualquier informe o información pertinente a su actuación como confidencial o limitada para a evitar o penar cualquier información que se refiera al desempeño del ámbito público".

"Y lo que es mucho más grave", ha añadido, "es que no solo son los causantes de entablar esa clasificación ciertos cargos unipersonales, nombrados por el Gobierno, sino se establece la oportunidad de delegar la capacitad de clasificación".

Esto, vió, crea "una cohorte de gobernantes, así sean nombrados de manera directa por el Ejecutivo o en los que éstos deleguen, que van a decidir, en casi todas las ocupaciones de la vida pública, que es lo que logre ocasionar una amenaza o perjuicio suave para los intereses de España o logre ser opuesto a los intereses de España".

Ha aseverado que, hasta hora, "dicho término se llamaba censura".

La FAPE reitera que que la ley que se quiere aprobar piensa, "tanto una restricción al derecho constitucional a hacer llegar o recibir libremente información veraz como al, asimismo derecho constitucional, de ingreso de los ciudadanos a los ficheros y registros administrativos, con los límites que establece la regla constitucional en lo que se refiere a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la privacidad de la gente".

Ha rechazado que "no permita, o recorte, tanto el ingreso a la información como su publicación, estableciendo graves sanciones" en vez de "rememorar la obligación de la Administración de reportar a los ciudadanos sobre el avance de las políticas del Estado o del desempeño del campo público, las negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados, los intereses de tipo económico o industriales, el desempeño de los servicios públicos o la prevención, detección y también investigación de delitos".

FAPE, por último, sostiene que no existe ninguna causa que justifique la tramitación del Anteproyecto de Ley por el trámite de urgencia. En este sentido, aclara que toda regla que afecte a derechos constitucionales, especialmente si piensa la restricción de semejantes derechos, debe tener la participación ciudadana y de sus organizaciones a través del trámite legalmente regulado.

Para la FAPE, "omitir dicho trámite por la vía de la tramitación urgente del anteproyecto de ley piensa de entrada una censura a la opinión de la ciudadanía, término que empapa el contenido del Anteproyecto de Ley, que, en cualquier caso, es imposible substituir por un corto periodo de tiempo de oportunidad de participación, del 3 al 12 agosto de 2022".