LOGROÑO, 24 de marzo.

El esperado juicio contra la exalcaldesa de Clavijo, E. I. A., por la presunta falsificación de documentos a fin de conseguir autorizaciones para viñedos ha sido postergado. Este aplazamiento se debe a la inasistencia de un testigo clave para el caso, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR).

La Fiscalía ha solicitado una severa pena de ocho años de prisión y una multa de 6.000 euros para la exedil. Esta acusación se basa en la supuesta comisión de dos delitos de falsedad documental, tanto en documentos oficiales como mercantiles, al alterar informes con el objeto de lograr autorizaciones de viñedo para beneficiar a dos hermanos, también imputados por estafa y falsificación.

Los acusados habrían modificado documentos existentes y generado otros que no reflejaban la realidad, con el fin de aparentar una superficie agraria que en verdad no les pertenecía. Este comportamiento, según las acusaciones, buscaba maximizar la superficie vitícola que podían reclamar en el reparto de tierras de 2016. El juicio ha sido reprogramado y tendrá lugar el 26 de marzo en la Audiencia Provincial.

Los hechos denunciados giran en torno a la concesión de derechos de nuevas plantaciones vitícolas durante el proceso de asignación de superficie en 2016, específicamente relacionada con la Parcela 222 del Polígono 9 de Clavijo, que es propiedad del Ayuntamiento local.

Los hermanos implicados, en connivencia con la exalcaldesa, alteraron documentos que se anexaron a los expedientes administrativos, facilitando la obtención de autorizaciones para viñedo que, de otro modo, no habrían conseguido. Esta ilegalidad también incluye la modificación de informes emitidos por la propia alcaldesa.

Según el informe del fiscal, se alteró un contrato fechado el 11 de junio de 2014, suscrito entre Apuesta Inmobiliaria Riojana, SL, y el Ayuntamiento de Clavijo. En el contrato original, se especificaba un arrendamiento limitado a una pequeña porción de terreno, mientras que con la manipulación se intentó dar la impresión de que disponían de toda la parcela en cuestión.

La malversación en la documentación presentada hizo que un funcionario de la Administración exigiera a uno de los acusados que justificara su derecho a la superficie, utilizando para ello el documento falsificado.

Adicionalmente, se alteraron otros contratos entre Apuesta Inmobiliaria y uno de los hermanos, donde se hacía creer erróneamente que la empresa era propietaria de extensiones mucho mayores de las realmente arrendadas.

Gracias a esta información errónea, se intentó que el acusado obtuviera derechos sobre una superficie significativamente superior a la que realmente se había recogido en los contratos legítimos.

La exalcaldesa, por su parte, ayudó a reforzar la solicitud de autorización de viñedo para R. S. L. con un informe oficial que, como se supo posteriormente, era falso, lo que demuestra su complicidad en el caso.

El resultado de estas maniobras fue la concesión a R. S. L. de autorizaciones para la plantación de viñedo, a pesar de que se le había otorgado la apariencia de poseer tierras que en realidad no tenía.

Este engaño le permitió obtener autorización de cultivo en detrimento de otros agricultores que tenían derechos legítimos sobre las partidas en cuestión.

La Fiscalía considera que los delitos que se le imputan a la exalcaldesa y a los hermanos son graves, incluyendo falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y un delito de estafa. La exalcaldesa enfrenta una condena de ocho años, mientras que los dos hermanos podrían recibir penas totales que suman 11 años de prisión, repartidas según su implicación en los hechos.