La Fiscalía ha solicitado penas económicas considerables para dos individuos involucrados en un caso relacionado con delitos financieros y de falsificación, específicamente un total de 2.700 euros a cada uno por un cargo y 1.500 adicionales a uno por otro. Este caso se suscita en el contexto de la creación de la empresa Destilaría 'Don Matías'.

LOGROÑO, 17 de febrero.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha suspendido el juicio que estaba programado para el día de hoy, afectado por el ingreso en el hospital de uno de los acusados y la imposibilidad de que un testigo se presentara. De este modo, se ha fijado una nueva fecha para la audiencia el próximo 14 de abril.

El juicio se centra en la acusación de delitos societarios y falsificación que enfrentan J.C.P. y F.C.E. En total, el fiscal exige 2.700 euros de multa por los delitos societarios, mientras que a F.C.E. también se le imputan otros 1.500 euros por falsificación, todo ello vinculado a la fundación de la mencionada destilería.

La controversia se origina a partir de los eventos del 22 de febrero de 2002, cuando un grupo de cuatro personas estableció la empresa, designando a los dos acusados como administradores solidarios a través de las escrituras de constitución, con carácter indefinido.

El 20 de noviembre de 2002, se formalizó una escritura pública que elevó a notaría los acuerdos de la sociedad, en la que F.C.E. actuó como administrador único y, según la documentación, se celebró una Junta General Extraordinaria en la que todos los socios consentían el nombramiento de F.C.E. como administrador.

Sin embargo, el fiscal ha presentado un relato que indica que uno de los socios no fue convocado para dicha junta. A medida que pasaron los años sin que se convocara una nueva reunión, uno de ellos envió una carta a J.C.P. en abril de 2012 solicitando la convocatoria de la primera Junta General desde el inicio de la actividad social. Ante la falta de respuesta, realizó un requerimiento notarial en julio del mismo año.

Como resultado de esta solicitud, se organizó una junta para el 3 de octubre de 2012, pero el socio presente no encontró a ninguno de los acusados ni a otros socios. Finalmente, la reunión se llevó a cabo el 5 de noviembre de 2012, pero sin que se proporcionara la documentación necesaria para analizar las cuentas de la empresa entre 2002 y 2012, ni para evaluar la gestión administrativa desde la creación de la sociedad.

En esa misma junta, la administración se comprometió a convocar otra reunión antes del final del año 2002, para discutir la situación financiera de la empresa, pero esa nueva convocatoria tampoco se realizó.

Para la Fiscalía, estas acciones constituyen un delito societario, asignando responsabilidad tanto a J.C.P. como a F.C.E., a quien también se le atribuye un delito de falsificación. Por lo tanto, la Fiscalía ha solicitado una multa de 2.700 euros para ambos, además de 1.500 euros adicionales para F.C.E.