En medio de un debate en torno a la vivienda digna, la formación política Izquierda Unida (IU) ha resaltado la necesidad imperiosa de establecer un parque público de vivienda y regular los precios de los alquileres en el país. Esta postura ha sido expresada por Carolina Cordero, responsable federal de Vivienda de IU, quien ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que sus promesas no se queden en meros titulares y a que implemente políticas efectivas en esta área crucial.

Cordero, en una reciente intervención en Logroño, ha manifestado su descontento con el desempeño del Ministerio de Vivienda. Según ella, la falta de acciones contundentes y decididas ha llevado a una parálisis en el sector, con unos precios que siguen escalando de manera alarmante. Su crítica se centra en la ineficacia de la actual Ley de Vivienda, señalando que no ha traído mejoras tangibles en la calidad de vida de los ciudadanos.

Desde la perspectiva de Izquierda Unida, la política del PSOE en materia de vivienda resulta inadecuada y carente de firmeza. Cordero ha argumentado que es esencial avanzar hacia la creación de un parque público de vivienda, así como establecer controles sobre los precios de los alquileres, para combatir la situación crítica que enfrentan muchas familias españolas.

El mensaje fue reforzado por el diputado regional Carlos Ollero, quien participó en el mismo evento y destacó que la vivienda es una de las máximas prioridades para su partido. Ambos representantes de IU coincidieron en que el contexto actual se define como una emergencia social en materia de vivienda, enfrentando un modelo que considera a la vivienda como un mero negocio.

En lo que respecta al parque público de vivienda, Cordero subrayó que este debe ser de propiedad pública y estar destinado al régimen de alquiler. Insistió en que el suelo debe ser inalienable y los alquileres deben ser asequibles, no superando el 30% de los ingresos, además de incluir un considerable porcentaje de viviendas con finalidad social.

A diferencia de la propuesta del PSOE, que aboga por una colaboración público-privada en el desarrollo de nuevos inmuebles, Cordero se mostró firme en su rechazo. Aseguró que ante todo, se debe movilizar el gran inventario de viviendas vacías que ya existen, para evitar los errores del pasado relacionados con modelos mixtos.

Sobre la regulación de precios en el alquiler, la política de IU propone que se aplique la nueva Ley de Vivienda, enfocándose especialmente en áreas con alta demanda y regulando la actividad de los pisos turísticos, los cuales, según Cordero, están contribuyendo a la despoblación de los barrios y están afectando negativamente a los pequeños comercios locales.

La formación política también considera esencial regular el alquiler temporal y por habitaciones, y celebró alguna iniciativa en este sentido que está surgiendo dentro del Congreso, apoyada por colectivos sociales y otros grupos parlamentarios como SUMAR.

Para que se logre que la vivienda sea un verdadero derecho, Cordero hizo un llamado a las comunidades autónomas, ya que ellas cuentan con competencias en esta materia que son cruciales para implementar las necesarias reformas.

Carlos Ollero, por su parte, enfatizó que los altos precios de la vivienda, sumados a la precariedad laboral, están creando obstáculos insalvables para la juventud y los trabajadores que buscan acceder a un hogar propio. En La Rioja, dijo, los precios han aumentado notablemente en los últimos años, una situación que, a su juicio, se origina en las políticas de gobiernos de corte más conservador que han tratado la vivienda como un bien comercial, obviando su carácter de derecho.

Ollero también abogó por una aplicación efectiva de la Ley de Vivienda y la identificación de zonas tensionadas en localidades como Logroño y Calahorra, argumentando que cumplen con todos los criterios necesarios para dicha regulación.

Ante la inacción del Gobierno regional del Partido Popular, que se limita a propuestas parciales, desde IU proponen redirigir más recursos hacia la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler. Además, destacan la necesidad de evitar prácticas especulativas y han presentado un programa innovador denominado 'Programa Vivienda Vacía', para destinar 3 millones a solventar problemas tanto de arrendadores como de inquilinos.

Finalmente, a nivel municipal, se busca limitar la oferta de alquileres turísticos, aplicar sanciones a propietarios de viviendas vacías y destinar terrenos a proyectos de vivienda que no sean especulativos, enfatizando la importancia de soluciones integrales para abordar la crisis de la vivienda en la región.