Crónica La Rioja.

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Hostelería Riojana llevará a los tribunales la normativa sobre terrazas en Logroño.

Hostelería Riojana llevará a los tribunales la normativa sobre terrazas en Logroño.

LOGROÑO, 10 de noviembre.

La asociación Hostelería Riojana, que forma parte de la FER, ha comunicado en el día de hoy que un grupo de asociaciones y entidades del sector se preparan para impugnar la nueva Ordenanza de Terrazas del Ayuntamiento, la cual fue ratificada de manera definitiva el pasado jueves.

En una rueda de prensa, el presidente de Hostelería Riojana, Francisco Bergés, junto al abogado Adolfo Alonso de Leonardo-Conde, expresaron su preocupación por una normativa que afecta a más de 500 terrazas en la ciudad y que, según su criterio, "no se ajusta a la legalidad" y presenta "un desequilibrio" que favorece las quejas vecinales.

Bergés manifestó que “nos encontramos aquí en una situación que preferiríamos evitar; siempre terminamos protestando cuando lo que realmente deseamos es estar trabajando en nuestros negocios y no fuera, denunciando esta decisión sobre las terrazas”.

El líder de Hostelería Riojana afirmaba que “hemos dedicado mes y medio a analizar esta cuestión y a ofrecer soluciones al Ayuntamiento basadas en el borrador presentado. Nuestras propuestas, que sumaban 22 folios, sólo fueron parcialmente aceptadas, a través de meras dos líneas”.

Según Bergés, “hay muchos aspectos que nos resultan incomprensibles”, y advirtió que las restricciones impuestas desencadenarán “una disminución en la recaudación, lo que se traduce en menos impuestos, menos rentas para los ciudadanos y una reducción en los servicios para todos”, además de poner en riesgo los empleos.

El sector hostelero sostiene que “estamos aquí porque siempre se perjudica a los mismos, de forma reiterada”, citando el ejemplo de otras ciudades como Castellón, Rota o Cádiz, donde se ha facilitado el uso de terrazas como un incentivo para el turismo.

Un punto crítico para los hosteleros es el recorte en el horario de funcionamiento, el cual no solo impacta al adelantar el cierre, sino también porque incluye exigencias de recogida de la terraza al finalizar el horario. Bergés se cuestionó “¿dónde van a ir las personas cuando cerremos? No se marcharán a casa, así que solo se generará más botellón y ruido en la vía pública”.

Alonso recordó que “las agrupaciones de hosteleros sabían que la nueva norma requeriría ajustes. Aceptamos reducir el espacio de las terrazas de 120 a 100 metros, adaptar las terrazas a los locales e incluso aceptar restricciones horarias, pero el ajuste final resultó ser mucho más severo que se había anticipado”.

En ese sentido, calculan que “se verán afectadas aproximadamente diez horas y media cada semana, lo que suma 43 horas menos al mes”, añadiendo que “esta ordenanza no contempla modificaciones horarias entre invierno y verano”.

Bergés subrayó que “¿quién querrá sentarse en una terraza el 23 de julio a tomar café a las 11 de la noche, cuando en un cuarto de hora serán obligados a irse?” Esto, aduce, es un claro inconveniente.

Por estas razones, los hosteleros creen que “la norma intenta equilibrar intereses conflictivos, pero no lo hace adecuadamente, ya que la balanza se inclina decididamente hacia un lado”, refiriéndose a las demandas vecinales. “Esto afecta negativamente a todos”, concluyeron.

Por lo tanto, procederán a impugnar la ordenanza ante los tribunales, aunque reconocen que el proceso podría ser complicado. En lo que respecta a los horarios, suponen que “no es una decisión técnica, sino política, por lo que será más complicado que un juzgado lo evalúe”.

Sin embargo, el abogado considera que lo relativo a la recogida de los elementos de las terrazas –como sombrillas grandes- podría tener más chances de ser revisado judicialmente, ya que esta demanda es técnica y resulta difícil de cumplir, tanto por el tamaño de los implementos como por el hecho de que deben ser guardados mientras aún hay clientes en el local, que tienen horarios diferentes a los de la terraza.

Finalmente, el abogado resumió las motivaciones para acudir a los tribunales, resaltando que “no nos resignamos y queremos que nuestra oposición a esta normativa sea visible también en el ámbito judicial. Además, buscamos cualquier base jurídica que valide que esta norma no cumple con la legalidad”.