LOGROÑO, 9 de abril. La eurodiputada del Partido Popular Europeo, Esther Herranz, ha hecho pública su decisión de solicitar a la Comisión Europea una revisión del marco legislativo que rige el sector del vino. Su objetivo es evitar un aumento en las autorizaciones para nuevas plantaciones de vino de calidad durante el periodo de arranque de viñedos, una medida que considera crucial para la estabilidad del sector.

Durante su intervención en la Comisión de Agricultura, Herranz expresó su apoyo a las iniciativas propuestas por la Comisión Europea, destacando que estas medidas fueron elaboradas en colaboración con los actores del sector, siguiendo un enfoque que prioriza las necesidades del Grupo de Alto Nivel sobre Política Vitivinícola. Sin embargo, la eurodiputada subrayó que aún queda trabajo por hacer y que espera que se integren todas las inquietudes del sector en la propuesta final.

Herranz enfatizó la necesidad de una respuesta rápida por parte del Parlamento Europeo, ya que considera que no se pueden perder tiempo y oportunidades, especialmente en un contexto marcado por los recientes aranceles sugeridos por el gobierno de Estados Unidos. El tiempo es esencial y las decisiones deben implementarse antes de la próxima vendimia.

Además, la eurodiputada, quien también copreside el Intergrupo de Vino, Alimentos de Calidad y Bebidas Espirituosas, manifestó su deseo de que el Parlamento alcance pronto una posición más sólida que mejore las propuestas en curso. Su compromiso es claro: asegurarse de que el sector cuente con las herramientas necesarias para gestionar correctamente los riesgos y estabilizar tanto los rendimientos como las existencias.

Recientemente, la Comisión Europea aprobó una serie de medidas destinadas a respaldar a los viticultores, centrándose en fortalecer el ámbito productivo. Entre estas medidas se contempla la ampliación de la duración de las autorizaciones de plantación y replantación hasta ocho años, así como la implementación de un sistema más flexible para gestionar la oferta de vino, que incluye limitaciones en la concesión de nuevas autorizaciones en áreas con un exceso de producción.

Los agricultores ahora dispondrán de un plazo mayor para evaluar sus inversiones en nuevas plantaciones, pudiendo incluso renunciar a autorizaciones concedidas sin temor a sanciones. Adicionalmente, se abre la posibilidad de que los estados miembros utilicen fondos nacionales para financiar el arranque de viñedos.

En el ámbito de la sostenibilidad, se aumentará el apoyo financiero para proyectos que busquen mitigar el impacto del cambio climático; ahora se destinarán hasta un 60% de subsidios a cooperativas y organizaciones de productores, un aumento significativo respecto al 50% anterior.

Finalmente, también se han diseñado medidas para potenciar el consumo de vino, simplificando el etiquetado para facilitar la identificación por parte de los consumidores y permitiendo la implementación de etiquetas electrónicas con códigos QR. En términos de promoción internacional, se ampliará la duración de las campañas en países terceros de tres a cinco años. Herranz destacó que los consejos reguladores de las denominaciones de origen podrán acceder a ayudas económicas para fomentar el enoturismo, lo cual es un gran avance para el sector.