Expertos advierten que la difusión del odio en redes se sustenta en intereses económicos y regulación insuficiente

La difusión masiva de mensajes de odio en internet no es un fenómeno accidental, sino que responde a una infraestructura técnica y económica que la alimenta. Un seminario organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) evidenció que la rentabilidad de estas prácticas impulsa su expansión, con un 80% de los mensajes considerados de baja intensidad que generan estereotipos masivos.

La discusión, que reunió a investigadores europeos y españoles, resaltó que las plataformas premian la viralización del odio debido a su efecto en la llamada "economía de la atención". Los expertos alertan que la regulación estatal actual no es suficiente para contener estos discursos, que a menudo tienen un uso político y cultural complejo, y que la responsabilidad también recae en los usuarios.

Desde un punto de vista político, la falta de una legislación efectiva y la insuficiente fiscalización de las grandes empresas tecnológicas permiten que estas plataformas operen con opacidad, monetizando la emocionalidad y polarización social. La creciente influencia de discursos de odio en el ámbito público puede afectar la confianza en las instituciones y la estabilidad democrática.

Los investigadores subrayaron la necesidad de fortalecer la alfabetización digital, para que los ciudadanos puedan discernir la manipulación y entender el funcionamiento de los algoritmos, que muchas veces sesgan y amplifican mensajes de odio. Además, se propone una responsabilidad compartida que incluya a las empresas tecnológicas, que actualmente actúan con una estructura que favorece la viralidad del contenido dañino.

Se abordó también la dimensión técnica y política del fenómeno, destacando que muchas de estas plataformas están diseñadas para buscar conflicto y beneficiarse de ello. La estrategia para frenar la normalización del odio pasa por aplicar controles que sigan la ruta del dinero, ya que las empresas que generan estos contenidos tienen un interés económico en mantener su negocio, lo que implica una responsabilidad mayor del Estado y los reguladores.

De cara al futuro, los expertos coinciden en que la clave está en empoderar a la ciudadanía mediante una educación crítica y en establecer marcos regulatorios más estrictos. La lucha contra la difusión del odio digital requiere un enfoque integral que contemple aspectos técnicos, políticos y sociales para garantizar una convivencia digital más segura y responsable.