LOGROÑO, 3 de diciembre. En un giro notable de los acontecimientos, la exalcaldesa de Clavijo, quien ocupó el cargo en 2017, ha admitido su culpabilidad en un caso de fraude relacionado con viñedos. La acusada ha reconocido haber falsificado documentos para lograr una plantación ilegal y ha aceptado una sanción que incluye seis meses de inhabilitación y una multa de novecientos euros. Cabe destacar que el fiscal había solicitado una pena de cárcel de ocho años, además de una multa de 6.000 euros.

Según el Tribunal Superior de Justicia, se ha llegado a un acuerdo en el juicio, que estaba programado para el día de hoy en la Audiencia Provincial. Este acuerdo implica que la exalcaldesa, junto a dos agricultores, han admitido su participación en la creación, modificación y presentación de documentos falsos, tanto oficiales como comerciales, con el objetivo de aparentar la disponibilidad de tierras agrícolas para nuevos viñedos.

La acción fraudulenta permitió a los agricultores obtener licencias para la plantación de viñedo en unas 20,5 hectáreas, lo que equivale a un valor que oscila entre 360.000 y 540.000 euros, afectando de manera injusta a otros solicitantes que contaban con un mejor derecho.

Las penas acordadas fueron aceptadas por los implicados luego de que el fiscal aplicara la atenuante por dilaciones indebidas. Este escándalo se remonta a 2017, cuando se llevaron a cabo los actos delictivos.

Los dos agricultores involucrados se enfrentan a penas de diez meses y quince días de prisión por el delito continuado de falsificación intencionada de documentos oficiales y comerciales. Además, han sido condenados a una multa de novecientos euros. Sin embargo, las penas de prisión han sido suspendidas durante dos años.

Por su parte, la exalcaldesa ha aceptado la misma multa de novecientos euros y ha sido condenada a seis meses de suspensión de empleo y cargo público, debido a un delito de falsificación continuada imprudente de documentos en su rol de autoridad administrativa.

De acuerdo con el escrito del fiscal, R. L., juntamente con su hermano M. L., alteraron contratos de parcelas en Clavijo. Los implicados muy astutamente incorporaron terrenos ficticios y generaron nuevos anexos contractuales con el fin de engañar a la Administración acerca de la disponibilidad de hasta 174 hectáreas de terreno agrario.

La exalcaldesa contribuyó a la causa emitiendo un informe oficial que afirmaba falsamente que ciertos terrenos habían sido arrendados a una empresa, a pesar de que ella conocía la falsedad de esta afirmación. Este informe resultó ser crucial para satisfacer los requisitos administrativos y dar una apariencia de legalidad a las solicitudes de autorización vitícola.

En 2017, se suscribió un contrato falso datado en 2015, que se presentó en un procedimiento de revisión cuando ya había preocupación sobre la legalidad de las autorizaciones otorgadas. Este documento simulaba un arrendamiento que nunca existió y fue firmado por la exalcaldesa y por M. L. en representación de la empresa, incluyendo cláusulas diseñadas para justificar la falta de pagos reales durante años.

Finalmente, el fiscal destacó que este contrato no se había liquidado ante el fisco, lo que refuerza su carácter fraudulento y la naturaleza engañosa de toda la operación.