Crónica La Rioja.

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Exalcalde de Arnedo admite su intención de detener la expansión de 'casillas' ilegales recibidas

Exalcalde de Arnedo admite su intención de detener la expansión de 'casillas' ilegales recibidas

El exalcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad, ha comparecido hoy ante la Audiencia Provincial para enfrentarse a un juicio en el que se le acusa de más de catorce años de inhabilitación. Abad ha declarado que intentó frenar la proliferación de construcciones ilegales que había en la ciudad, llegando a crear la figura del vigilante de obra. Según el exalcalde, él solo se limitaba a firmar los documentos que le entregaban los técnicos y confiaba en ellos para controlar los derribos.

El fiscal le ha preguntado si tenía conocimiento de las construcciones ilegales, a lo que Abad ha respondido que en 2012 se realizó un censo para tener un registro de las viviendas y comenzar a cobrar el IBI. Además, ha señalado que se abrieron expedientes para 1.896 edificaciones y que esta situación lleva ocurriendo en Arnedo desde hace mucho tiempo.

Abad ha relatado cómo pidió a la Policía Local vigilar la construcción descontrolada, pero los agentes le dijeron que no era su responsabilidad. Ante esto, creó la figura del vigilante de obras, cuya tarea era supervisar las construcciones ilegales.

Por su parte, Abad ha criticado al SEPRONA por no asumir responsabilidad en las construcciones ilegales en zonas protegidas. También ha afirmado no tener constancia de que la falta de demolición por parte de los propietarios sea un delito penal.

El exalcalde ha mencionado el caso de una empresa de calzado que realizó unas obras sin el permiso adecuado, en el cual se intentó buscar una solución para preservar la actividad y los puestos de trabajo. También ha mencionado el caso de las huertas donde se construyeron edificaciones, en el que se intervino para solucionar problemas de aguas residuales.

El fiscal solicita más de catorce años de inhabilitación para Abad por un delito continuado de prevaricación administrativa y por otro de omisión intencionada en la persecución de hechos delictivos relacionados con las construcciones ilegales en Arnedo. Según la acusación, Abad tenía el deber de ejercer las potestades en materia urbanística de acuerdo con la normativa vigente.