LOGROÑO, 30 de julio.

Un nuevo estudio revela que alrededor del 50% de los incidentes de violencia de género en relaciones de pareja se manifiestan a través de plataformas digitales, especialmente mediante aplicaciones de mensajería y redes sociales. Este dato subraya la urgencia de que la legislación y los procesos judiciales aborden este fenómeno social emergente.

Estas observaciones provienen de la tesis doctoral titulada 'La violencia de género digital en el sistema penal', presentada por Bárbara María Romo Sabando en la Universidad de La Rioja.

La investigación, desarrollada dentro del Departamento de Derecho de dicha universidad y en el marco del programa de Doctorado en Derecho y Cambio Social, fue dirigida por Sergio Pérez González y obtuvo calificación de sobresaliente 'cum laude' por parte del tribunal evaluador.

En años recientes, el uso de la tecnología en contextos de violencia de género ha cambiado la percepción de este fenómeno, haciéndolo más visible en el ámbito de las políticas públicas y en la cobertura mediática. Las estadísticas reflejan un aumento continuo de estos casos.

En su estudio, Bárbara Romo investiga datos obtenidos a través de entrevistas con víctimas que se han acercado a la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito en La Rioja.

El análisis incluye una muestra de 283 víctimas que recibieron intervención integral en 2023, de las cuales 235 sufrían violencia de género por parte de su pareja o expareja. En la mayoría de estos casos, la violencia se llevó a cabo a través de medios digitales.

En particular, las aplicaciones de mensajería instantánea y las redes sociales han sido los canales más utilizados para estas agresiones. Además, un 10% de los casos involucraron el uso de dispositivos de vigilancia o geolocalización.

En lo que respecta a la violencia de género sexual, se registraron 48 casos en 2023; sin embargo, el uso de medios digitales fue menos frecuente, afectando a menos del 25% de las víctimas.

Las herramientas más empleadas continúan siendo las aplicaciones de mensajería y las redes sociales. Es importante destacar que tanto las víctimas como los agresores tienden a ser más jóvenes cuando se involucra el componente digital.

La mayoría de las víctimas, en ambos contextos analizados, cuentan con formación educativa a nivel primaria o secundaria, sin que haya diferencias significativas entre estos grupos; no obstante, las que tienen estudios universitarios parecen experimentar más violencia digital.

El uso de plataformas digitales también introduce factores que exacerban estos delitos cibernéticos, tales como la garantía del resultado violento, un daño más profundo y la posibilidad de ocultar la identidad del perpetrador.

La doctora Romo enfatiza que "estos hallazgos demuestran que el sistema penal, en sus ámbitos legislativos y judiciales, debe reconocer la magnitud de este nuevo tipo de daño social".

Su tesis aboga por unificación del concepto de violencia de género digital, que abarcaría todos los tipos de agresiones en espacios virtuales, y por la revisión del sistema de agravantes en el Código Penal actual.

En esta línea, aclara que la Ley Orgánica 1/2004, que establece medidas de protección integral contra la violencia de género, incluye agravantes específicas para las agresiones entre parejas, las cuales coexisten con una agravante general por razones de género.

Además, subraya la necesidad de exigir un componente motivacional en los casos de violencia de género, lo que genera desigualdad entre las víctimas en el ámbito de pareja en comparación con otras víctimas.

Asimismo, Romo considera imperativo implementar un sistema de autorregulación eficaz para las plataformas digitales, ya que sus normativas internas no siempre se alinean con la legislación nacional y no reconocen la violencia de género digital como una categoría específica.

A esto se suma la importancia de responsabilizar penalmente a estas plataformas como entidades jurídicas, e impulsar planes de prevención robustos, conocidos como Compliance.

En conclusión, Bárbara Romo sostiene que “cualquier medida penal es el resultado último de las políticas públicas”, por lo que es crucial establecer estrategias integrales para prevenir este tipo de violencia, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Entre sus propuestas, destaca la implementación de programas de prevención de violencia digital dirigidos a niños y adolescentes, así como la formación de profesionales del ámbito legal sobre violencia digital y pruebas electrónicas.

También sugiere fomentar la cooperación y la creación de alianzas entre las administraciones públicas y las plataformas digitales, al tiempo que se fortalece la labor de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para reparar a las víctimas.

A pesar de que estas medidas pueden condicionar el ejercicio del derecho penal como última herramienta, la doctora Romo manifiesta el deseo de que las políticas públicas aborden de manera integral las conductas prohibidas penalmente.

Finalmente, la doctora Bárbara Romo concluye que "el derecho penal tiene que seguir desempeñando un papel protector frente a la igualdad de género, y para ello el sistema penal debe adaptarse a las nuevas modalidades de ataque digital".