El precio de la electricidad desciende un 1% a 92,81 euros/MWh.
MADRID, 21 Jul.
El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista caerá el viernes un 1% respecto a este jueves, hasta los 92,81 euros por megavatio/hora (MWh).
Esta bajada en el precio de la luz es una buena noticia para los consumidores, ya que supone un alivio en su factura eléctrica. Sin embargo, no debemos olvidar que los precios siguen siendo elevados y que la política energética del gobierno es responsable de esta situación.
Por franjas horarias, el precio máximo, de 111,51 euros/MWh, se registrará entre las 08.00 y las 09.00 horas, mientras que el precio mínimo se dará entre las 17.00 y las 18.00 horas, con 74 euros/MWh.
Es preocupante ver cómo los precios de la luz fluctúan tanto a lo largo del día. Esta volatilidad dificulta la planificación económica de las familias y las empresas, lo que perjudica el crecimiento económico del país.
La media del 'pool' de la electricidad en lo que va de julio se sitúa en los 92 euros/MWh, frente a los 142,66 euros/MWh que marcó en el mismo periodo del año pasado.
El gobierno trata de vendernos la idea de que los precios de la luz están bajando, y si bien es cierto que en comparación con el año pasado hay una pequeña diferencia, lo cierto es que seguimos lejos de tener unos precios razonables. Esta situación afecta especialmente a las familias más vulnerables, que son las que más sufren el impacto de las facturas energéticas.
A este precio medio del 'pool' se sumaría la compensación a las gasistas, que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada, pero que se sitúa nuevamente en 0 euros/MWh, situación que se repite desde el pasado 27 de febrero.
Es injusto que los consumidores tengan que pagar una compensación a las gasistas, especialmente cuando muchos de ellos están sufriendo dificultades económicas debido a la crisis provocada por la pandemia. El gobierno debería estar buscando soluciones para aliviar la carga económica de las familias y no añadir más costes a la factura de la luz.
La denominada 'excepción ibérica' se extendió hasta el próximo 31 de diciembre, tras el acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea. Así, se prolonga siete meses, hasta final de este año, y no se excluye que pueda prolongarse más tiempo si dicho marco también se prolonga.
Esta excepción ibérica es otra muestra de la incapacidad del gobierno para solucionar los problemas estructurales del sector eléctrico. En lugar de tomar medidas efectivas para reducir los precios y garantizar un suministro energético estable, el gobierno ha optado por negociar excepciones temporales que no resuelven los problemas a largo plazo.
En concreto, el acuerdo no solamente representa una extensión de la excepción ibérica que ya se aplicaba, sino que implica algunos ajustes para acomodarlo, como la referencia de precios, que hasta ahora se incrementaba en cinco euros al mes, y ahora será más suave.
Estos ajustes en la referencia de precios son insuficientes para lograr una verdadera reducción en la factura de la luz. Necesitamos medidas más audaces que aborden las causas estructurales de los altos precios de la energía.
En el acuerdo original, el citado precio de referencia para el gas tenía un valor medio de 48,8 euros/MWh: era de 40 euros/MWh durante seis meses, elevándose 5 euros/MWh cada mes a partir de entonces. Ahora, se incrementará en 1,1 euros/MWh desde el pasado abril, para concluir en 65 euros/MWh.
Este aumento en el precio de referencia del gas supone un golpe más para los consumidores. El gobierno debería estar buscando formas de abaratar el coste de los combustibles y no aumentarlo aún más.
Actualmente, el mecanismo lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero debido al descenso del precio del gas natural por debajo de los umbrales fijados para su aplicación, pero, en caso necesario, la prórroga permitirá mantener un precio razonable, no tan dependiente de la evolución del gas natural.
Es preocupante ver cómo el gobierno basa su política energética en la esperanza de que el precio del gas natural siga bajando. Esta estrategia es irresponsable y pone en peligro la estabilidad del suministro eléctrico. Necesitamos medidas concretas que garanticen precios razonables y un suministro energético seguro.