El Tribunal tiene la responsabilidad de decidir el rumbo del caso tras la alegación del acusado, quien ha manifestado no tener los recursos económicos necesarios para trasladarse desde Valencia a la audiencia.

LOGROÑO, 15 de enero.

El juicio programado para hoy en la Audiencia Provincial contra un individuo acusado de presentar documentos falsificados a fin de cobrar cheques de entidades empresariales ha sido suspendido debido a la incomparecencia del acusado, quien argumentó estar desempleado y, por ende, no poder asumir el coste del viaje desde su residencia en Valencia.

De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado carece de antecedentes penales y formaba parte de un grupo criminal dedicado a llevar a cabo defraudaciones en todo el territorio español utilizando la técnica conocida como cobro de efectos bancarios falsos.

El juicio estaba programado para llevarse a cabo por la mañana; sin embargo, tal como han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia, la defensa ha solicitado un aplazamiento de un mes, momento en el cual el acusado asegura que dispondrá de los medios financieros para viajar a la audiencia gracias a un nuevo empleo.

Aunque el Fiscal ha valorado el hecho de que el acusado haya comunicado su incomparecencia con antelación, considera que la excusa relacionada con los gastos del viaje no justifica su ausencia. Por ello, ha solicitado que se emita una orden de búsqueda y captura y se lleve al acusado a prisión hasta que se reanude el proceso judicial.

El Fiscal ha solicitado una pena de tres años de prisión para el acusado, quien se encuentra presuntamente vinculado a una organización criminal y enfrenta cargos por un delito continuado de estafa, así como por falsedad en documento oficial (DNI) y en documento mercantil. Se le acusa de haber presentado documentos falsificados en diversas entidades bancarias con el fin de cobrar pagarés o recibos de empresas y apropiarse de parte del dinero en efectivo.

El individuo ha sido acusado de haber cobrado cheques y pagarés que, previamente, fueron sustraídos del correo ordinario y posteriormente modificados, tanto en su cantidad (que nunca superaba, pero se acercaba a los 3.000 euros), como en el beneficiario.

El acusado, identificado como M.M.S., según la acusación pública, formaba parte de un grupo criminal organizado que contaba con un líder, un falsificador, jefes de equipo y un grupo de cobradores. La función específica del procesado consistía en actuar como cobrador, presentando documentación falsa e incluso usurpando la identidad del titular legítimo de los documentos.

De esta forma, M.M.S. tenía el rol de "cobrador" dentro de la estructura delictiva. Para llevar a cabo esta tarea, el Fiscal detalla en su escrito que "había proporcionado su fotografía, que fue incorporada a un documento nacional de identidad falsificado a nombre de otra persona".

Este DNI falso era utilizado por el acusado para llevar a cabo transacciones en oficinas bancarias, cobrando así los efectos bancarios manipulados que también mostraría como parte de su plan delictivo.

Cuando M.M.S. recibía un aviso de sus superiores, era recogido en su hogar en Torrevieja, Alicante, y trasladado a una entidad bancaria en cualquier parte de España donde se realizaba la acción de cobrar el efecto mercantil, presentando el DNI falso y obteniendo el dinero efectivo.

Tras realizar estas actividades, el acusado entregaba la mayor parte del efectivo a uno de sus líderes, quedándose con quinientos euros por cada operación. En caso de que el intento de cobro fuese frustrado por las sospechas de los empleados bancarios, se encontraba expuesto a represalias físicas por parte de sus superiores si no cumplía con las expectativas a nivel económico.

La Policía Nacional ha realizado investigaciones sobre quince defraudaciones cometidas por esta organización criminal, atribuyéndole al acusado la participación en diversas irregularidades, de las cuales se estima que habría obtenido un botín total de 35.823,47 euros. Las operaciones que no lograron completarse totalizan 12.890,53 euros.

En la región de La Rioja, se le acusa de haber actuado contra una empresa de Agoncillo que envió diez pagarés a un buzón, así como de otra empresa ubicada en el Parque San Adrián de Logroño, que remitió varios pagarés a diferentes destinatarios depositándolos igualmente en un buzón.

Tras el robo y la modificación de los pagarés, el grupo criminal creó "documentos falsificados que preservaban elementos genuinos" de interés para los falsificadores, alterando los datos necesarios, especialmente el importe y el nombre del beneficiario.

Posteriormente, el acusado intentó realizar el cobro de estos documentos en diversas sucursales bancarias en Logroño y Agoncillo, aunque no en todos los casos tuvo éxito.

Para el Fiscal, estos actos constituyen un delito continuado de falsedad en documento oficial y un delito continuado de estafa. Del mismo modo, solicita que se le imponga al acusado una pena conjunta de tres años de prisión.

Además, se le reclama que indemnice a las partes afectadas, ya sean las sociedades emisoras de los pagarés o las entidades bancarias que hayan tenido que asumir el coste tras aceptar como legítimos efectos mercantiles falsificados.