Crónica La Rioja.

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El GPP solicita explicaciones al PSOE por su gestión ineficiente del suelo industrial que solo beneficiaba al Gobierno de España.

El GPP solicita explicaciones al PSOE por su gestión ineficiente del suelo industrial que solo beneficiaba al Gobierno de España.

El Gobierno de Gonzalo Capellán ha logrado un ahorro de 60 millones de euros para todos los riojanos, según informó la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Begoña Martínez Arregui.

LOGROÑO, 1 Mar.

Martínez Arregui anunció que el GPP solicitará la comparecencia del exconsejero socialista, José Ángel Lacalzada, ante una comisión de estudio para investigar la gestión del suelo industrial en La Rioja y de la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje.

La auditoría realizada reveló una mala gestión de la política industrial en la región, con decisiones cuestionables tomadas por el anterior gobierno socialista.

La portavoz destacó que la "megalomanía" de la presidenta Concha Andreu y la necesidad de complacer a Pedro Sánchez han tenido consecuencias nefastas para los ciudadanos, al malgastar el dinero de los riojanos en políticas insensatas.

Además, resaltó que la rápida actuación del Gobierno de Capellán permitió evitar un gasto de 60 millones de euros.

Martínez Arregui recordó el acuerdo del PSOE con el Gobierno de España para adquirir suelo industrial a un precio excesivo, con condiciones poco realistas que pusieron en riesgo el éxito del proyecto desde el principio.

El PP considera que la operación fue opaca y poco transparente, y que la venta de parcelas a mitad de precio fue un derroche del dinero de los ciudadanos.

Un informe de la ADER desaconsejó la operación en su momento, pero la presidenta y altos directivos decidieron seguir adelante.

La auditoría solicitada por el PP indicó que el primer trámite de la operación era nulo, al igual que la comercialización de los polígonos de El Recuenco de Calahorra y La Senda de Alfaro, así como la adjudicación a la Fundación del Envase y el Embalaje.

Según Martínez Arregui, esta adjudicación infringió normativas europeas y carecía de una justificación jurídica válida.

La negociación solo benefició al Gobierno de España, que liberó un problema al deshacerse de un millón de metros cuadrados de suelo industrial bloqueados en La Rioja.

La ilegalidad de los procedimientos administrativos bloqueó la venta del suelo, impidiendo su disponibilidad para las empresas, concluyó Arregui.