El Gobierno regional de La Rioja, encabezado por el portavoz Alfonso Domínguez, ha anunciado una revisión del Plan antifraude de fondos europeos Next Generation. El objetivo de esta revisión es intensificar los análisis de riesgo y de conflicto de intereses en los proyectos y contratos tramitados por las 105 entidades locales adheridas al protocolo regional en el último año.

Con esta medida, la Administración autonómica busca reforzar las garantías para asegurar la correcta ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, evitando prácticas fraudulentas que puedan poner en peligro los objetivos definidos en los diferentes programas. Esta decisión ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de La Rioja.

El Gobierno de La Rioja, tanto su Administración General como las diversas entidades de su sector público, mantiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción. En este sentido, la prevención se ha convertido en una medida básica en la lucha contra este tipo de prácticas, especialmente en el caso de los fondos relacionados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia activado tras la pandemia de la COVID-19. La Comisión Europea ha impuesto la obligación a las administraciones de contar con un catálogo de acciones de control.

El Plan antifraude de fondos europeos entró en vigencia en 2021 y tiene una duración de cinco años. Incluye medidas de autoevaluación y fortalecimiento de los mecanismos de auditoría y control interno, un sistema de indicadores para la detección y corrección de posibles fraudes, un código ético y un canal interno de denuncia de incumplimientos o fraudes en la gestión de fondos europeos.

El protocolo se encuentra abierto a mejoras y revisiones, y el año pasado fue modificado para permitir que los municipios y mancomunidades riojanos se adhieran a él. Esto buscaba facilitar la correcta gestión de los fondos comunitarios, reducir las cargas administrativas y evitar que se tuviera que recurrir a empresas externas para adaptarse al Plan. Hasta ahora, 105 entidades locales se han adherido al protocolo.

En esta segunda revisión del Plan, propuesta por la Dirección General de Fondos Europeos y Relaciones con la UE en colaboración con la Dirección Política Local, se plantea intensificar los análisis de riesgos tanto previos como posteriores a las operaciones financiadas por los ayuntamientos y mancomunidades. Para ello, se implementará un control a través de la aplicación de "data mining" llamada MINERVA.

Además, se modificará el modelo de análisis de conflicto de intereses, el cual será obligatorio en los procedimientos de adjudicación de contratos y concesión de subvenciones financiados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este análisis se aplicará a los empleados municipales encargados de gestionar dichos procedimientos, al igual que ocurre en la Administración General y en las entidades del sector público riojano. El propósito es investigar posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias que puedan generar un conflicto de interés entre los empleados y los participantes en cada procedimiento.