LOGROÑO, 15 de abril.

El Gobierno de La Rioja ha dado un paso significativo al aprobar su Plan de Simplificación Administrativa, Calidad Normativa y Mercado Abierto, el cual se extiende desde 2025 hasta 2029. Este ambicioso plan busca no solo estimular el crecimiento económico en la región, sino también garantizar que dicho crecimiento sea sostenible y beneficioso para el bienestar de sus habitantes.

La propuesta se centra en eliminar y simplificar la carga burocrática, así como en agilizar los procedimientos administrativos, beneficiando así a la ciudadanía y al sector público de La Rioja.

Sin embargo, el plan promete mucho más que una simple reducción de trámites. Aspirar a que La Rioja figuren entre las comunidades más dinámicas y eficientes de España es una de sus metas, junto con la mejora en la calidad de la normativa.

Alfonso Domínguez, portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, ha declarado que este representa "el mayor esfuerzo de simplificación realizado en la historia de la comunidad".

El consejero subraya que esta reforma es crucial frente a un contexto global competitivo y lleno de incertidumbres económicas, ya que fomentará la adopción de medidas que refuercen la competitividad regional, promuevan inversiones y generen empleo.

La estructura del plan incluye una planificación meticulosa durante los próximos cuatro años, estableciendo directrices estratégicas y acciones concretas necesarias para lograr su éxito.

Uno de los principales desafíos radica en involucrar a las organizaciones sociales y empresariales en la creación de una nueva cultura administrativa, capaz de adaptar sus principios hacia un servicio más eficiente y eficaz para la sociedad.

Entre los objetivos propuestos, la mejora del entorno competitivo y el desarrollo económico son primordiales, dado que la burocracia excesiva puede limitar las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. La simplificación de trámites permitirá estimular el crecimiento empresarial y la generación de empleo.

Otra de las metas incluye una mayor eficiencia gubernamental y una diminución de costes operativos. Al reducir la burocracia, se liberarán recursos que podrán ser redirigidos a áreas prioritarias del Gobierno.

Adicionalmente, el plan pretende elevar la calidad de los servicios públicos al optimizar procesos y utilizar tecnologías innovadoras, para asegurar una atención más rápida y satisfactoria para los ciudadanos.

La iniciativa también se enfoca en estimular la innovación y la participación de los ciudadanos, buscando establecer un marco colaborativo entre la administración, el sector empresarial y la academia para abordar desafíos contemporáneos.

Domínguez ha enfatizado que las acciones de simplificación seguirán un enfoque integral, transformando los principios organizativos de la Administración para mejorar su eficiencia y conectar mejor con la ciudadanía.

El plan se articulará en torno a cuatro líneas estratégicas: remodelación de la organización administrativa, simplificación de procedimientos, mejora de la calidad normativa y formación del personal público.

Entre las medidas destacadas, se incluye la implementación de declaraciones responsables como el régimen administrativo preferente. Esto permitirá iniciar diversas actividades sin necesidad de una autorización previa, otorgando así mayor autonomía a los ciudadanos.

El plan también propone sustituir licencias y autorizaciones por comunicados y declaraciones responsables, facilitando así la actividad económica.

Se buscará abrir el mercado a agentes de otras comunidades de forma más fluida, así como promover mecanismos de silencio administrativo positivo para una mejor eficiencia.

Por otra parte, se priorizará la implementación de respuestas automatizadas para agilizar los tiempos de respuesta y aliviar la carga de trabajo administrativo.

Se desarrollará un sistema de gestión de datos que garantice un punto único de acceso a la información personal de cada ciudadano o empresa, así como la utilización de un lenguaje claro en la comunicación pública.

Este plan se inserta dentro de un esfuerzo más amplio por modernizar la administración y fomentar el emprendimiento en La Rioja, siendo complementado con una nueva plataforma de administración electrónica.

El costo total de esta ambiciosa iniciativa asciende a más de 3 millones de euros, y se espera que el Gobierno implemente la normativa para su regulación antes del verano, llevándolo a debate en el Parlamento de La Rioja.