El Gobierno de La Rioja defiende sus medidas vitivinícolas frente a críticas por vinculación de ayudas y arranque de viñedos

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente de La Rioja, Noemí Manzanos, afirmó que las acciones en materia vitivinícola adoptadas por el Ejecutivo autonómico responden a las demandas del sector, asegurando que seguirán implementando medidas como la cosecha en verde, en línea con las solicitudes de los viticultores y los cambios en la normativa europea.

El debate surge en un contexto de tensión política y económica, tras la reciente publicación de modificaciones en los reglamentos comunitarios que permiten la vinculación opcional de ayudas a un posible arranque de viñedo. La polémica aumentó con las declaraciones de la portavoz socialista, Sara Orradre, quien criticó la reducción de la ayuda por hectárea y la decisión del Gobierno riojano de vincular esas ayudas a compromisos futuros de arranque, una medida que, según ella, podría desincentivar a los agricultores.

Por su parte, Manzanos subrayó que estas decisiones se toman tras consultar con el sector y en el marco de un diálogo abierto, criticando que el Ministerio de Agricultura haya decidido unilateralmente limitar los fondos disponibles, lo que, en su opinión, representa un “castigo” a los viticultores de la región. La consejera destacó que la prioridad del Gobierno riojano es apoyar a los viticultores profesionales y responder a sus demandas, en un escenario de recursos limitados.

El debate político se enmarca en una disputa más amplia entre las administraciones autonómicas y el Gobierno central, en la que La Rioja denuncia una falta de apoyo suficiente desde Madrid ante las dificultades del sector vitivinícola. La consejera también señaló que la autorización para implementar medidas relacionadas con el arranque de viñedos requiere aún la aprobación de la Comisión Europea, lo que condiciona las posibles acciones futuras.

En un contexto donde la política agrícola europea evoluciona hacia mayor flexibilidad, las decisiones del Ejecutivo riojano reflejan una estrategia de respuesta a las demandas del sector, frente a las decisiones del Ministerio de limitar fondos y alterar las expectativas de los viticultores. La polémica evidencia las tensiones existentes en torno a la gestión y financiación del sector vitivinícola en La Rioja, una de las regiones más emblemáticas de España en producción de vino.

Este enfrentamiento político se sitúa en un escenario donde las decisiones regulatorias y presupuestarias impactan directamente en la economía regional y en la sostenibilidad del sector vitivinícola, clave para La Rioja. La situación refleja la necesidad de un marco de diálogo y consenso que garantice el apoyo efectivo a los agricultores, en un contexto de cambios regulatorios y restricciones presupuestarias.