Cuidadora procesada por estafa a anciano para obtener control de sus bienes: enfrente de una sentencia de diez años de prisión.
Una cuidadora se enfrenta a diez años de cárcel por supuestamente engañar a un anciano para administrarle sus bienes. El Ministerio Fiscal la acusa de un delito de estafa y otro de administración desleal.
Según la acusación, la cuidadora, identificada como L.A.V., trabajaba en empresas de asistencia domiciliaria desde 2014, atendiendo a personas vulnerables.
En ese contexto, conoció al anciano, quien ya presentaba signos de deterioro cognitivo desde 2011. La acusada aprovechó esta situación para ganarse su confianza, especialmente dado que había perdido contacto con su familia.
De acuerdo con la acusación, durante el mes de septiembre de 2015, la cuidadora engañó al anciano para que firmara diferentes escrituras públicas.
En aquella época, le hizo una donación de 15.000 euros y, al mismo tiempo, obtuvo permisos para administrar sus bienes y fue nombrada heredera.
Hasta agosto de 2015, el sobrino del anciano supervisaba su situación económica y tenía poder sobre su cuenta bancaria en Bankia.
En diciembre de 2015, se abrió una cuenta en Caja Rural de Navarra con un saldo inicial de 90.000 euros, del cual la acusada se apropió sin gastar nada de esa cantidad en el anciano hasta fines de 2016.
En abril de 2016, los trabajadores sociales comenzaron a sospechar del engaño, dando inicio al proceso de establecer una tutela para el anciano.
En aquel momento, la acusada aprovechó para extraer dinero de otra cuenta, sacando 8.804 euros y dejando un saldo de 1,62 euros. Además, ese mismo día sustrajo 1.500 euros, a pesar de que ya había sido informada de la resolución que otorgaba la tutela al Tutelar de La Rioja.
El 27 de octubre de 2017, se declaró la incapacidad total del anciano y la acusada rechazó un contrato de trabajo para seguir cuidándolo, sin mostrar interés posterior.
Los hechos serán juzgados en la Audiencia Provincial el próximo martes, 26 de septiembre, y el Ministerio Fiscal considera que constituyen un delito de estafa y otro de administración desleal.
Para estos delitos, la acusada podría enfrentar cuatro años de cárcel por el primero, junto con una multa diaria de nueve meses de diez euros; y seis años de prisión y once meses de multa diaria de 10 euros por el segundo.
Además, como responsabilidad civil, se solicita que la acusada indemnice al anciano con 15.000 euros por la estafa y 54.804 euros por la administración desleal.