LOGROÑO, 16 de diciembre.

Este lunes, el sindicato CSIF ha organizado una concentración en la Delegación de Gobierno de La Rioja con el objetivo de demandar al Gobierno que se reactive la negociación colectiva respecto a las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos. Entre los puntos de discusión se incluyen aspectos clave como los salarios, el empleo público, las condiciones de jubilación y la jornada laboral, así como la implementación del teletrabajo.

Desde su formación en noviembre de 2023, el actual Gobierno no ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas, lo que ha llevado a CSIF a señalar la urgencia de tratar estos temas. La falta de diálogo en estos asuntos críticos perjudica directamente a los trabajadores del sector público, quienes ven cómo sus derechos y condiciones de empleo quedan en un segundo plano.

El sindicato también destaca la apremiante necesidad de discutir un incremento salarial para el próximo año. El acuerdo salarial vigente caduca a finales de este año y ha conducido a una significativa pérdida del poder adquisitivo, de aproximadamente un 6 por ciento desde 2022. Además, la oferta de empleo público para 2025 es otro asunto que debe abordarse, especialmente dada la incapacidad del Gobierno para llevar a cabo unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En otro ámbito relacionado con la retribución, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo que CSIF presentó contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados. Dicha mesa, en un acuerdo alcanzado el 16 de mayo de 2023, se negó a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular que buscaba restaurar la estructura salarial que los empleados públicos tenían antes de los recortes implementados por el Gobierno de Zapatero en 2010.

La providencia del Tribunal, fechada el 2 de diciembre de 2024, establece que el caso tiene una especial trascendencia constitucional, ya que podría tener repercusiones políticas más amplias. Por ello, ha solicitado a la Presidenta del Congreso que, en un plazo no superior a diez días, envíe al Tribunal la correspondiente certificación del expediente.

CSIF enfatiza que los recortes salariales, que aún persisten desde 2010, han significado que los empleados públicos hayan trabajado en la última década entre 13 y 18 meses sin salario, dependiendo del Grupo Profesional. Esta situación se agrava por la pérdida acumulada del 20 por ciento del poder adquisitivo desde que se implementaron las reducciones salariales en 2010.

Un estudio reciente elaborado por CSIF revela que, de media, los empleados públicos de la Administración General del Estado perciben 8.000 euros menos al año que sus colegas en comunidades autónomas y ayuntamientos por realizar el mismo trabajo. En promedio, las diferencias salariales son aún más notables, con los funcionarios sufriendo una media de 8.690 euros menos anuales y el personal laboral, 7.380 euros menos.

Para abordar y corregir estas desigualdades salariales, CSIF plantea la necesidad de una inyección de fondos adicionales que asciende a 1.487 millones de euros. Esta cantidad debe ser distribuida a lo largo de los años 2025, 2026 y 2027, con el objetivo de alcanzar la igualdad salarial plena para el año 2028.

El sindicato ha listado una serie de temas urgentes que deben ser abordados antes de que finalice el año, incluyendo: la negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita a los empleados públicos recuperar su poder adquisitivo; la asignación de fondos para la equiparación salarial; la restauración de la estructura salarial anterior a los recortes de 2010, incluyendo el cobro completo de la paga extraordinaria; la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025, eliminando la tasa de reposición; la reducción de la jornada laboral a 35 horas en todo el Estado; la implementación de una carrera profesional en todas las administraciones; la regulación de las condiciones de jubilación, especialmente la jubilación parcial; la adecuación de los Grupos Profesionales; y la actualización del TREBEP para fortalecer su función como norma básica que garantice las condiciones laborales de los empleados públicos.